Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, sostuvo que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 70,000 hondureños en Estados Unidos se debe a que, según el gobierno norteamericano, «Honduras está bien». Sin embargo, detrás de esta narrativa oficial, analistas señalan que la verdadera raíz de la decisión responde a la creciente desconfianza de Washington frente a la corrupción que permea el Estado hondureño y al deterioro de la relación bilateral.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, la revocación del TPS coincidió con el desafío abierto del gobierno de Honduras a Estados Unidos tras denunciar el tratado de extradición, una medida que Washington considera un duro golpe en la lucha contra el crimen organizado. A esto se suma la intención del gobierno de Xiomara Castro de retirar el enclave militar de EE.UU. en la base aérea de Palmerola, un punto neurálgico para la seguridad regional y los intereses estratégicos del Pentágono.
Para muchos expertos, no es casualidad que la administración Trump haya justificado la cancelación del TPS aludiendo que «las condiciones extraordinarias en Honduras ya no existen», mientras organismos internacionales siguen documentando altos índices de corrupción, violencia e impunidad. «No se trata solo de migración: el TPS se volvió moneda de cambio en un tablero geopolítico donde Honduras está desafiando a su principal socio», explicó el analista internacional Víctor Madrid.
Pese a las declaraciones del vicecanciller García, quien insistió en que «el país está bien», la realidad contrasta con las preocupaciones de los propios migrantes, quienes ahora enfrentan el riesgo de deportación, separación familiar y pérdida de sus empleos tras años de residir y aportar a la economía estadounidense.
Las organizaciones pro migrantes han encendido las alarmas, advirtiendo que un retorno masivo sobrecargaría la frágil estructura económica y social del país, ya afectada por escándalos que vinculan a altos funcionarios con redes ilícitas y contratos fraudulentos. Mientras tanto, la tensión diplomática escala y amenaza con cerrar aún más las puertas para los hondureños que buscan oportunidades en el exterior.
Así, la cancelación del TPS trasciende el discurso oficial y se convierte en un reflejo del aislamiento creciente de Honduras ante su principal aliado, un escenario que podría tener consecuencias aún más profundas para las miles de familias que dependen del amparo migratorio. Redacción Wendoly V.V.