Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La crisis eléctrica hondureña está dejando de ser una simple molestia nacional para convertirse en una acusación política de alto voltaje. En la calle, en redes sociales y en la conversación pública crece una lectura cada vez más incómoda: Tomás Zambrano aplica doctrina de SHOCK contra la ENEE al empujar reformas en medio de apagones, frustración ciudadana y deterioro del servicio.
El señalamiento no nace en el vacío. Surge de una sensación colectiva que se repite cada vez que una comunidad queda sin energía, cada vez que un negocio pierde mercadería, cada vez que una familia no puede dormir por el calor y cada vez que el ciudadano siente que el Estado lo empuja a aceptar cualquier salida con tal de recuperar la luz.
La doctrina del shock, entendida como lectura política, advierte que las crisis pueden ser utilizadas para modificar la voluntad de una población. Cuando la gente está agotada, molesta, presionada y desesperada, tiende a aceptar soluciones rápidas sin revisar a fondo los efectos futuros. En otras palabras: primero se profundiza el malestar, luego se presenta una salida como inevitable.
Ese es el punto que hoy sacude a la ENEE. La crisis eléctrica no solo está afectando la vida diaria. También está creando un terreno fértil para que cualquier reforma sea vendida como rescate, aunque todavía existan dudas legítimas sobre su alcance, sus beneficiarios, sus mecanismos de control y sus consecuencias sobre el patrimonio público.
Honduras ya ha visto ese libreto antes. La historia reciente de los servicios públicos muestra un patrón que incomoda a la clase política: se deteriora una institución, se convence al pueblo de que ya no funciona, se repite que el Estado fracasó, se promete modernización y luego aparecen figuras privadas, concesiones, contratos o esquemas de administración que cambian para siempre el control del servicio.
Ese mismo esquema fue denunciado en los debates sobre la basura, cuando se prometió eficiencia para justificar modelos de manejo externo. También fue señalado en el caso del SANAA, donde el debilitamiento del sistema público abrió paso a nuevas estructuras que redujeron su papel histórico. Y ocurrió con HONDUTEL, una empresa estratégica que fue perdiendo fuerza mientras el discurso de apertura y modernización ganaba terreno.
Ahora la preocupación se traslada a la ENEE. La pregunta ciudadana es frontal: ¿está el país ante una reforma para salvar la estatal eléctrica o ante el inicio de un proceso que podría terminar trasladando el poder real del sistema energético hacia otros intereses?
El Congreso Nacional, bajo la conducción de Tomás Zambrano, no puede responder esa pregunta con simples frases tranquilizadoras. Decir que no habrá privatización no resuelve el fondo del debate. La ciudadanía necesita conocer el texto, los alcances, las garantías, los candados institucionales, la regulación, los riesgos financieros y el papel que podrían asumir actores privados dentro del sistema.
El país no está pidiendo discursos. Está pidiendo claridad. Está pidiendo saber si la ENEE será fortalecida o si será vaciada por partes. Está pidiendo conocer si la reforma preservará el control público o si abrirá espacios que mañana podrían ser presentados como inevitables.
La clase política debe entender que el cansancio del pueblo no es un cheque en blanco. Los apagones pueden desesperar, pero no deben servir para silenciar preguntas. La falta de luz puede generar urgencia, pero no debe usarse para empujar decisiones nacionales sin debate profundo.
El peligro de la doctrina del shock es precisamente ese: convertir una necesidad real en una herramienta de obediencia social. Cuando una población solo piensa en sobrevivir al problema inmediato, deja de analizar la arquitectura del cambio que se le está imponiendo.
Por eso la crisis eléctrica de Honduras debe discutirse con máxima seriedad. No basta con hablar de pérdidas, deudas, subsidios o carga financiera. También hay que hablar de soberanía energética, transparencia, contratos, regulación, control público, tarifas, inversión y responsabilidad política.
Si la ENEE está en crisis, el país merece saber quién la quebró, quién la administró mal, quién permitió su deterioro y quién pretende presentarse ahora como salvador. La historia de Honduras no puede seguir funcionando bajo el mismo patrón: destruir lo público, declarar emergencia y vender como solución lo que antes fue presentado como imposible.
Tomás Zambrano queda así frente a una prueba política mayor. Si realmente busca rescatar la ENEE, debe abrir el debate, publicar garantías, explicar cada reforma y demostrar que el pueblo no será usado como rehén del apagón. Pero si el proceso avanza entre crisis, presión y poca claridad, la sospecha de doctrina del shock seguirá creciendo.
La advertencia es severa: Honduras no puede aceptar que los apagones se conviertan en argumento para rediseñar el sector eléctrico sin plena vigilancia ciudadana. La luz no debe volver a cambio de silencio. La energía no debe convertirse en negocio de pocos. Y la desesperación del pueblo no debe ser utilizada como método para cambiar el destino de una empresa estratégica.
El país necesita electricidad, sí. Pero también necesita memoria. Porque cuando la BASURA, SANAA, HONDUTEL fueron debilitados bajo discursos de eficiencia, modernización o rescate, el pueblo terminó pagando una factura que todavía pesa en la confianza pública.
Hoy la ENEE está en el centro de esa misma pregunta histórica. Y si la clase política no responde con transparencia, el país tendrá derecho a sospechar que el apagón no solo está en las casas, sino también en las intenciones del poder. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com