Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La defensa política de Tomás Zambrano sobre las reformas eléctricas no logra apagar la sospecha central que hoy cruza el debate nacional: la ENEE no necesariamente tendría que venderse para ser debilitada, porque el verdadero riesgo estaría en quitarle el mercado rentable, trasladar oportunidades al sector privado y dejarle al Estado la parte más pesada del sistema.
Zambrano insiste en que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no será privatizada. Sin embargo, la discusión de fondo no se limita a si habrá una venta directa de la estatal. La pregunta que incomoda al poder es más profunda: ¿quién se quedará con el negocio eléctrico más atractivo y quién cargará con las pérdidas?
La reforma energética vuelve a colocar a Honduras frente a una escena conocida: discursos de modernización, promesas de eficiencia, llamados a mejorar el servicio y una arquitectura legal que, según voces técnicas y políticas críticas, podría terminar abriendo espacio para que actores privados capturen los clientes más rentables del sistema.
Ese es el punto que golpea la narrativa oficial. Porque mientras se repite que la ENEE seguirá siendo patrimonio del Estado, el debate real apunta a si la empresa pública conservará capacidad para competir, generar ingresos fuertes y sostenerse financieramente, o si quedará reducida a administrar deudas, mora, pérdidas técnicas, usuarios residenciales vulnerables e instituciones públicas con altos atrasos.
En términos políticos, Zambrano busca cerrar la discusión con una frase contundente: “no se privatizará la ENEE”. Pero esa declaración no responde completamente al temor ciudadano. Una privatización silenciosa no siempre necesita rótulo de venta; puede construirse mediante reglas de mercado que vacían a una empresa pública desde adentro.
El señalamiento del ingeniero Dennis Rivera, académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y exfuncionario de la ENEE, apunta precisamente hacia ese nervio. Su lectura advierte que ENEE Generación podría quedar amarrada durante diez años a vender su energía únicamente a ENEE Distribución, mientras los generadores privados tendrían margen para negociar con grandes consumidores industriales y comerciales.
Ese detalle cambia todo. Los grandes consumidores son el corazón más rentable del sistema eléctrico. Si ese segmento se desplaza hacia operadores privados, la ENEE perdería una parte estratégica de su fuerza económica y quedaría atrapada en el lado menos atractivo del mercado.
En palabras simples: el negocio podría quedar para otros, mientras las pérdidas seguirían en manos del Estado.
Esa es la contradicción que la defensa de Zambrano no logra despejar. El país no solo necesita saber si la ENEE será vendida o no. Honduras necesita saber si la reforma permitirá que la estatal compita por los mejores clientes, si conservará capacidad real de generación de ingresos y si tendrá herramientas para no convertirse en una empresa pública debilitada por diseño.
La preocupación se vuelve más fuerte cuando se analiza el papel de ENEE Distribución. Si esta queda concentrada en atender al sector residencial y a instituciones con altos niveles de deuda, el resultado podría ser una presión financiera permanente sobre la estatal. En ese escenario, las pérdidas no desaparecen; simplemente se quedan dentro de la estructura pública.
Mientras tanto, el sector privado podría avanzar hacia segmentos más sólidos, más estables y con mayor capacidad de pago. La ecuación es políticamente explosiva: privados con mercado rentable, Estado con carga social, ENEE con menor músculo financiero y pueblo expuesto a nuevas presiones tarifarias.
Por eso, la frase “no habrá privatización” suena insuficiente frente a una reforma que debe ser explicada con números, límites, garantías y consecuencias reales. El debate no puede resolverse con consignas institucionales ni con llamados a no oponerse por razones ideológicas. Una empresa estratégica no se defiende con declaraciones; se defiende con reglas claras.
La advertencia también conecta con la memoria nacional de Hondutel, una empresa pública que fue perdiendo terreno, competitividad y mercado mientras nuevos actores tomaban fuerza. Para muchos hondureños, el temor no está en una venta anunciada, sino en un proceso gradual donde primero se debilita la institución, luego se justifica su deterioro y finalmente el negocio queda fuera del control estatal.
La ENEE podría entrar en esa misma zona de riesgo si la reforma no blinda su capacidad de competir. Porque una empresa pública sin clientes rentables, sin margen comercial y con obligaciones pesadas puede seguir existiendo en papeles, pero perder poder real en el mercado.
A esa tensión se suma el reclamo del diputado liberal Francis Cabrera, quien colocó otra pregunta incómoda sobre la mesa: ¿por qué hablar de reforma antes de cobrar la deuda privada con la ENEE?
Cabrera ha señalado que grandes deudores del sector privado mantienen obligaciones millonarias con la estatal, superiores a los 20 mil millones de lempiras. Su postura introduce una lectura dura: antes de rediseñar el sistema eléctrico, el Estado debería recuperar el dinero que ya se le debe a la empresa pública.
Ese planteamiento golpea directamente la legitimidad del proceso. Si hay miles de millones pendientes por cobrar, la reforma no puede avanzar como si el problema fuera únicamente la estructura legal de la ENEE. También debe discutirse quién debe, cuánto debe, desde cuándo debe y qué acciones concretas tomará el Estado para recuperar esos recursos.
La ciudadanía observa una contradicción peligrosa: se habla de pérdidas, déficit, apagones y crisis financiera, pero no siempre se observa la misma energía política para exigir responsabilidad a los grandes deudores. Y cuando el pueblo percibe que las crisis públicas terminan pagándolas los usuarios, la confianza institucional se rompe.
La reforma energética puede ser necesaria, pero no puede convertirse en una puerta lateral para trasladar el corazón del negocio eléctrico hacia privados mientras el Estado queda administrando la parte más costosa y políticamente sensible del sistema.
Si el Congreso Nacional quiere despejar sospechas, debe explicar con precisión qué pasará con los grandes consumidores, cuál será el rol de los comercializadores privados, cómo se protegerá el mercado de la ENEE, qué impacto habrá en las tarifas y qué garantías impedirán que la estatal quede vaciada de sus ingresos más importantes.
También debe aclarar cómo se cobrará la deuda privada, cuáles serán las metas financieras a seis, doce y veinticuatro meses, y qué mecanismos permitirán que la ENEE deje de ser presentada solo como un problema, cuando también puede ser un activo estratégico si se administra con visión nacional.
La defensa de Zambrano queda, entonces, políticamente rebatida por una realidad más compleja: no basta con decir que la ENEE no se privatiza si el diseño del mercado puede dejarla sin el negocio y con las pérdidas.
Honduras necesita una reforma con luz pública, no una operación de confianza ciega. La energía eléctrica define competitividad, inversión, empleo, tarifas, estabilidad fiscal y vida cotidiana. Cualquier cambio que toque a la ENEE debe ser discutido con transparencia total, porque el costo de una mala decisión no lo pagará un discurso: lo pagará el país.
El poder político tiene una obligación mínima: demostrar que la reforma fortalece a la ENEE, no que la convierte en una carcasa estatal mientras otros capturan las oportunidades más rentables del sistema eléctrico hondureño.
La ENEE no necesita promesas para sobrevivir; necesita reglas que la protejan, cobros que la fortalezcan y una reforma que no convierta el patrimonio público en negocio privado disfrazado de modernización. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com