Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La reforma a la ENEE amenaza con abrir una crisis política de alto voltaje para el Gobierno, porque el debate ya no gira únicamente alrededor de pérdidas, tarifas o modernización, sino sobre una sospecha mucho más peligrosa: si detrás del discurso de rescate se está preparando un nuevo negocio eléctrico con rostro de reforma y memoria de EEH.
La defensa oficial sostiene que no habrá privatización, pero en Honduras esa frase perdió fuerza después de años de contratos cuestionados, promesas incumplidas, operadores polémicos y decisiones públicas que terminaron beneficiando más a estructuras de poder que a la ciudadanía.
El fantasma de EEH volvió a la conversación nacional.
Y volvió con fuerza.
Porque el país recuerda que durante gobiernos nacionalistas también se habló de eficiencia, recuperación de pérdidas, mejora del servicio y solución técnica para la ENEE. Pero ese modelo dejó una marca de desconfianza que hoy persigue cualquier intento de reordenar el sistema eléctrico hondureño.
Por eso la pregunta que incomoda al Gobierno es directa: ¿la reforma energética busca salvar la ENEE o preparar el terreno para una versión más sofisticada de EEH?
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las reformas planteadas para el sector energético y afirmó que las medidas son necesarias para enfrentar la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. También negó que exista una intención de privatizar la estatal.
Pero la negación ya no alcanza.
La ciudadanía quiere documentos.
Quiere nombres.
Quiere contratos.
Quiere saber quién redactó.
Quiere saber quién propuso.
Quiere saber quién presionó.
Quiere saber qué empresas están detrás.
Quiere saber quién manejará el negocio.
Quiere saber si la ENEE será rescatada para el pueblo o reorganizada para nuevos grupos de interés.
La ENEE ha sido presentada como una empresa quebrada, endeudada, ineficiente y marcada por pérdidas millonarias. Sin embargo, esa misma empresa sigue siendo una de las piezas más valiosas del Estado porque concentra el negocio eléctrico nacional, la red de distribución, la facturación, la demanda energética, los contratos de generación y el control de un servicio esencial.
Esa contradicción es la que prende fuego al debate.
Si la empresa es tan mala, ¿por qué genera tanto movimiento político?
Si no es rentable, ¿por qué hay tanta urgencia por reformarla?
Si nadie quiere privatizarla, ¿por qué no se publica todo el contenido de la reforma con absoluta claridad?
Si el proyecto es limpio, ¿por qué el Gobierno no expone desde ya los posibles operadores, asesores, contratos y beneficiarios?
El país no puede aceptar otra operación energética construida sobre frases bonitas. Honduras ya conoce ese camino. Primero aparece la crisis. Luego llega el discurso de emergencia. Después se ofrece una solución técnica. Más tarde se abren puertas a operadores, contratos, alianzas o mecanismos privados. Al final, el pueblo queda pagando con facturas más caras, servicio cuestionado y una empresa pública debilitada.
Ese libreto ya se vio.
Y se llamó EEH.
Hoy, la sospecha es que el país esté frente a una EEH 2.0 recargada, una versión más fina, más blindada, más difícil de explicar, pero igual de peligrosa si permite que el control real de la ENEE se mueva hacia intereses que no han sido revelados.
La privatización del siglo XXI no siempre se firma como venta. Puede disfrazarse de modernización, operador técnico, contrato de reducción de pérdidas, administración financiera, fideicomiso, alianza público-privada o reestructuración institucional.
El Estado conserva el rótulo. Otros pueden quedarse con el negocio.
Esa es la alarma nacional.
El Gobierno debería saber que la ENEE no es solo una empresa. Es poder. Es economía. Es seguridad energética. Es política. Es factura mensual. Es inversión. Es industria. Es empleo. Es control sobre una necesidad básica de millones de hondureños.
Por eso cualquier reforma que toque su estructura debe ser tratada como asunto de interés nacional, no como trámite legislativo empujado desde arriba.
El país necesita saber si hay empresas esperando entrar.
Necesita saber si hay grupos económicos moviendo piezas.
Necesita saber si existen acuerdos previos.
Necesita saber si se prepara una operación parecida a EEH, pero con otro nombre.
Necesita saber quién gana.
Porque en política, cuando nadie explica quién gana, normalmente el pueblo termina perdiendo.
La ENEE necesita cambios, sí. Necesita eficiencia, sí. Necesita reducción de pérdidas, sí. Necesita limpiar su estructura, sí. Pero lo que no necesita es otra receta opaca vendida como salvación nacional.
Antes de hablar de reforma, el Gobierno debería explicar qué pasó con los responsables del deterioro de la estatal. Qué contratos se revisarán. Qué funcionarios rindieron cuentas. Qué pérdidas se investigaron. Qué redes de intereses operan dentro del sistema. Qué generadores han ganado durante años. Qué intermediarios han vivido de la crisis eléctrica.
Porque no se puede pedir sacrificio al pueblo mientras los verdaderos beneficiarios del caos energético siguen sin nombre.
La discusión ya escaló. Si el Gobierno no transparenta todo, la reforma puede convertirse en un incendio político difícil de controlar. Y no será por manipulación, será por memoria histórica. Honduras ya fue golpeada por promesas de eficiencia que terminaron bajo sospecha.
El poder puede negar la privatización mil veces, pero mientras no muestre contratos, nombres, alcances, beneficiarios y límites reales, la sospecha seguirá creciendo.
La pregunta sigue viva.
¿Quién está detrás del negocio de la ENEE?
Y mientras esa respuesta no aparezca, la reforma energética seguirá oliendo a operación política de alto riesgo, con potencial de convertirse en la nueva gran crisis del Gobierno.
Honduras no debe permitir que la ENEE termine convertida en otro experimento eléctrico donde el pueblo paga, el poder decide y los beneficiarios se esconden. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com