Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, sorprendió este viernes al afirmar que los radares que vigilan el espacio aéreo hondureño, especialmente en la base de Cayo Bueso, son operados por Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Torres reaccionó a las declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien insinuó que existían pagos ilegales para el uso del espacio aéreo nacional para el transporte de drogas. En su declaración, el vicecanciller consideró dichas afirmaciones «extrañas» dado que el manejo de estos radares no recae exclusivamente sobre Honduras.
«El control de los radares en el combate al narcotráfico es un esfuerzo conjunto con EE. UU., pero no tenemos autoridad absoluta sobre ellos», enfatizó Torres, quien además subrayó que la Fiscalía General de Estados Unidos no tiene personal acreditado en el país, a diferencia de otras agencias norteamericanas que colaboran activamente en la región.
Torres desafió a Bondi a proporcionar más detalles sobre los presuntos pagos mencionados y citó al exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, quien aseguró que los narcotraficantes suelen realizar vuelos irregulares para evitar el control regular del espacio aéreo.
Rechazo de Cancillería de Honduras
La Cancillería de Honduras también rechazó contundentemente las acusaciones de Bondi, que sugerían que el país servía como puente para el tránsito de droga desde Venezuela. A través de un mensaje en su cuenta de X, el gobierno de Xiomara Castro reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, destacando los decomisos históricos de cocaína que han alcanzado cifras récord.
La Cancillería precisó que la base de Cayo Bueso, en Florida, emite alertas sobre aeronaves sospechosas que son interceptadas en conjunto con las fuerzas de seguridad de Honduras y agencias estadounidenses, como la DEA y la CIA. Además, detalló que en las operaciones marítimas contra el narcotráfico, se recibe apoyo de la Armada de Colombia y la CIA, que coordina con la Fuerza Naval hondureña y el Ministerio Público. Redacción Allan Cerrato