Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La aprobación de más de un centenar de ascensos en las Fuerzas Armadas de Honduras encendió una nueva discusión política en el país, luego de que el tema avanzara en el Congreso Nacional entre cuestionamientos, señalamientos y advertencias sobre la necesidad de que ningún nombramiento cierre la puerta a la investigación pública.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, salió al paso del debate con una frase de alto peso institucional: los ascensos no detienen procesos, no eliminan responsabilidades y no representan ningún tipo de blindaje frente a investigaciones que puedan estar en curso.
La advertencia no es menor. En un país donde la ciudadanía observa con desconfianza cualquier decisión vinculada al poder, la justicia y los cuerpos armados, el mensaje busca dejar claro que el rango militar no puede convertirse en refugio ante eventuales señalamientos.
Según Zambrano, si un oficial obtiene un nuevo grado, pero mantiene una investigación pendiente, deberá responder conforme a la ley. Esa posición intenta separar el trámite legislativo de ascenso de cualquier lectura de impunidad o protección interna.
La sesión estuvo marcada por dudas de varios congresistas sobre algunos expedientes incluidos en el listado. La presión fue suficiente para que al menos cuatro militares quedaran fuera del proceso mientras sus casos continúan siendo analizados por la comisión legislativa correspondiente.
Ese dato se volvió clave dentro del debate: no todos los nombres avanzaron sin observación. La exclusión temporal de esos oficiales muestra que el tema generó resistencia, revisión y lectura política dentro del propio Congreso.
El dictamen fue aprobado en dos debates tras permanecer durante varios meses en revisión, un recorrido que evidencia la sensibilidad del proceso y el peso que tiene cualquier decisión relacionada con la estructura militar del país.
Pero la jornada legislativa no solo giró alrededor de los ascensos. Zambrano también se refirió a la crisis energética que afecta a Honduras, señalando que el incremento internacional del petróleo y las pérdidas de energía mantienen presión sobre los hogares hondureños.
En ese escenario, recordó que continúa de manera excepcional el plazo de 28 días para pagar la factura eléctrica, una medida condicionada a que el precio del barril de petróleo permanezca arriba de los 90 dólares en el mercado internacional.
La lectura política es clara: mientras el Congreso defiende sus decisiones, la ciudadanía exige respuestas más firmes, controles más visibles y una institucionalidad que no solo apruebe, sino que también explique, revise y rinda cuentas.
Honduras atraviesa un momento donde cada decisión pública necesita transparencia. Los ascensos militares pueden formar parte de la carrera institucional, pero la confianza ciudadana solo se sostiene cuando la ley conserva más fuerza que cualquier rango. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com