Tomás Zambrano anticipa decretos de inversión para 2027 y 2028. La agenda legislativa también incorpora el Presupuesto General, reformas de seguridad y proyectos penitenciarios sujetos a evaluación.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que las sesiones parlamentarias previstas para el 10 y 11 de noviembre en San Pedro Sula incluirán iniciativas de infraestructura destinadas al departamento de Cortés, con inversiones proyectadas por miles de millones de lempiras.
Aunque el titular del Legislativo anticipó que los decretos serán sometidos a aprobación, el anuncio todavía no está acompañado de una cuantificación definitiva, una relación detallada de proyectos ni un calendario público de ejecución.
La ausencia de esos elementos impide establecer, por ahora, el verdadero alcance financiero de la cartera anunciada. También mantiene pendientes aspectos esenciales sobre la distribución territorial de los recursos y los mecanismos de supervisión.
El Congreso Nacional realizará su jornada regional en San Pedro Sula, mientras Zambrano desarrolla encuentros institucionales y recorridos por sectores como Choloma y Omoa.
Durante estas actividades, el presidente legislativo también abordó iniciativas relacionadas con la política penitenciaria, las reformas penales y la discusión del Presupuesto General de la República.
Proyectos de inversión requieren financiamiento y supervisión
El anuncio de recursos para Cortés adquiere relevancia ante las necesidades de infraestructura y servicios públicos que enfrentan distintos municipios del departamento.
Sin embargo, un decreto legislativo orientado a respaldar proyectos de desarrollo no equivale automáticamente a la disponibilidad inmediata de fondos ni garantiza que las obras comiencen en una fecha determinada.
Para evaluar la viabilidad de las inversiones será indispensable conocer el origen de los recursos, sus condiciones de financiamiento y las entidades ejecutoras.
La información pendiente también debería precisar cuáles obras corresponden a 2027, cuáles se proyectan para 2028 y qué procedimientos administrativos serán necesarios antes de su contratación.
Una revisión pública de los decretos permitirá identificar si contemplan autorizaciones financieras, asignaciones presupuestarias u otros instrumentos jurídicos necesarios para desarrollar los proyectos.
La actividad legislativa en San Pedro Sula ofrece una oportunidad para que los diputados de Cortés expliquen las prioridades departamentales y el fundamento técnico de las iniciativas que reciban respaldo.
El reto institucional consistirá en acompañar las aprobaciones con información suficiente para que la ciudadanía pueda verificar los avances y exigir responsabilidades frente a eventuales retrasos.
Presupuesto 2027 enfrenta una etapa decisiva en el Congreso
La discusión de los recursos públicos para el próximo año será otro de los principales asuntos de la agenda legislativa.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 asciende a 455,374.8 millones de lempiras, con un incremento aproximado del 2.5 % frente al presupuesto aprobado para 2026.
El documento fue entregado al Congreso Nacional el 14 de septiembre y posteriormente remitido a la comisión legislativa correspondiente para su análisis.
Zambrano informó que el proceso de socialización comenzará en San Pedro Sula, con el propósito de recoger planteamientos y avanzar hacia los consensos políticos necesarios.
La previsión legislativa sitúa entre el 14 y el 19 de diciembre la posible aprobación del presupuesto, aunque el resultado dependerá de los acuerdos que se alcancen durante la discusión parlamentaria.
La aprobación presupuestaria deberá examinarse tanto por sus montos globales como por la calidad de las asignaciones, la sostenibilidad financiera y las prioridades del gasto.
También será importante determinar cuáles compromisos anunciados para Cortés cuentan con respaldo financiero identificable y cuáles todavía requieren decisiones posteriores.
Una asignación aprobada, además, deberá someterse a seguimiento durante su ejecución para comprobar que los recursos alcancen los objetivos previstos.
Reformas penales y protección de menores bajo evaluación
En materia de seguridad, Zambrano anunció que las disposiciones penales recientemente aprobadas serán objeto de una evaluación institucional dentro de aproximadamente un mes.
El propósito expuesto consiste en conocer los resultados obtenidos por las instituciones responsables de combatir al crimen organizado y verificar la continuidad de sus operaciones.
Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial figuran entre las instituciones señaladas por el titular legislativo para dar seguimiento a las medidas.
El seguimiento debería distinguir entre despliegues operativos, investigaciones concluidas, procesos judiciales y resultados acreditables, evitando medir el desempeño únicamente mediante anuncios institucionales.
Zambrano también abordó la participación de menores de edad en actividades vinculadas con organizaciones criminales.
Según explicó, la discusión deberá tomar en consideración las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos de la niñez y adolescencia.
Uno de los objetivos planteados consiste en fortalecer la respuesta penal contra los adultos que reclutan o utilizan menores para realizar delitos relacionados con pandillas y estructuras criminales.
El debate requiere separar la responsabilidad de quienes organizan el reclutamiento de menores de los mecanismos de protección, rehabilitación y justicia especializada aplicables a niños y adolescentes.
Reforma penitenciaria abre interrogantes sobre viabilidad y derechos
La agenda anunciada también comprende una propuesta para incorporar a privados de libertad de mínima y mediana seguridad en actividades productivas.
Entre las posibilidades mencionadas figuran la fabricación de pupitres mediante madera decomisada y la confección de uniformes escolares destinados al sistema educativo público.
La iniciativa deberá atravesar el procedimiento legislativo antes de que pueda establecerse como un programa formal.
Su discusión necesitará abordar condiciones de trabajo, medidas de seguridad, garantías de reinserción, mecanismos de supervisión y procedimientos para distribuir los bienes elaborados.
En paralelo, las autoridades evalúan la construcción de otro establecimiento penitenciario. Una de las opciones corresponde a un terreno de aproximadamente 110 manzanas en Las Acequias, entre Cortés y Santa Bárbara.
El planteamiento contempla presentar un informe técnico al Poder Ejecutivo y, de completarse los procedimientos necesarios, iniciar obras entre enero y febrero de 2027.
Zambrano también se refirió a la ampliación de espacios de máxima seguridad, con módulos de capacidad proyectada para 720 internos cada uno y una meta agregada superior a 2,200 plazas.
Estas cifras corresponden a capacidades anunciadas o proyectadas y no deben confundirse con cupos plenamente habilitados y disponibles.
La decisión sobre una nueva cárcel deberá sustentarse en estudios de viabilidad, disponibilidad presupuestaria, condiciones ambientales, acceso a servicios y controles efectivos de seguridad penitenciaria.
¿Qué está confirmado sobre las inversiones de Cortés? Que existe un anuncio legislativo para impulsar proyectos en 2027 y 2028. La cantidad definitiva, los decretos aprobados y los compromisos de ejecución deberán establecerse mediante documentos oficiales posteriores.
La principal obligación del Congreso Nacional será garantizar que las decisiones adoptadas en San Pedro Sula puedan examinarse públicamente, desde la formulación de los proyectos hasta la utilización final de los recursos.
La transparencia financiera, el control legislativo y la rendición de cuentas serán determinantes para evaluar el resultado de esta agenda. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com