El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Rasel Tomé, emitió su opinión referente al caso de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ante su repentina salida del país por amenazas a su seguridad.
El congresista oficialista dijo que “si ella necesita respaldo, puede acudir a las instituciones del Gobierno, que no tenga ningún temor, que este Gobierno es democrático”.
Asimismo, defendió que la actual administración saber respetar ideas, opiniones e insistió en que se le va a recibir y atender.
“No hay ningún ataque, no hay ninguna situación lo que algunos mencionan es que iba a haber un proceso de votaciones, porque el CNA es por votos también y antes de hacer la votación había tomado la determinación de salir del país”, explicó.
Rasel Tomé determinó que “está bien lo que ella realice, y se le respeta sus derechos, se respeta que vaya a Washington. Lo único que queremos decir, de ninguna manera del Gobierno va a recibir ella ninguna situación que le afecte su garantía y su vida”.
Asimismo, dijo que Castellanos puede ingresar al país e ir a las instituciones, al Congreso Nacional (CN), a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Presidencia de la República y a todos los lugares que ella quiera.
“No existe ninguna razón para considerar (amenaza) más bien ella puede acudir al Estado, al Gobierno, en el Congreso la recibimos, que llegue y nos informe cómo está esa situación quien la está amenazando para poderle dar protección y apoyo”, remarcó.
Insistió en que “no tiene ningún sentido, es una campaña que quieren montar. Aquí hay que hablar las cosas como son, el gobierno de la presidenta Xiomara garantiza derechos y en este caso ella puede hacerlo sin ningún temor. Viajó tranquilamente a EE UU y cuando quiera puede regresar y es bien recibida”.
Finalizó diciendo que algunos sectores se están aprovechando para generar una discrepancia del partido de Gobierno con la sociedad civil, reconoció tener debate con quienes no quieren pagar impuestos, los que hacen sabotaje contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y contra la empresa pública.