Tegucigalpa, Honduras.- Los registros del Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH) correspondientes al período 2016-2025 muestran que las vulneraciones denunciadas abarcan distintos ámbitos de los derechos de las mujeres. Del total de quejas recibidas, 6.291 estuvieron relacionadas con la integridad personal, 5.269 con situaciones que pusieron en riesgo la vida y 4.298 con el acceso a la justicia y el debido proceso legal.
Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh —Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras—, explicó que las amenazas de muerte representan el 69% de los registros vinculados con el derecho a la vida. Entre las situaciones reportadas también figuran el desplazamiento forzado interno y externo, una consecuencia que puede obligar a las mujeres a abandonar sus hogares ante situaciones de riesgo.
Las denuncias incluyen, además, violencia doméstica, malos tratos, agresiones físicas y psicológicas, intimidación y lesiones, de acuerdo con la información proporcionada por el organismo.
En las vulneraciones relacionadas con la integridad personal, el 65% de las quejas señala a particulares, mientras que el 35% corresponde a actuaciones atribuidas a autoridades, según los datos.
Dentro de las denuncias relacionadas con instituciones públicas, un 15% está vinculado con actuaciones de la Policía Nacional y centros penitenciarios.
Padilla señaló que el 90% de las quejas relacionadas con vulneraciones al derecho a la vida corresponde a hechos atribuidos a particulares. Esta situación, según el organismo, refuerza la importancia de mejorar las acciones de prevención y los mecanismos de protección para las mujeres expuestas a amenazas.
Los datos reflejan que las denuncias no solo están relacionadas con agresiones, sino también con las respuestas institucionales ante situaciones que pueden poner en peligro la integridad y la vida de las víctimas.
Sin acceso a la justicia
De las 4.298 quejas relacionadas con el acceso a la justicia y el debido proceso legal recibidas entre 2016 y 2025, el 85% corresponde a actuaciones atribuidas a autoridades.
Entre los principales problemas reportados figuran la negativa a recibir denuncias, los retrasos procesales y otros obstáculos para acceder a la justicia. Estas situaciones pueden dificultar la investigación de los hechos y limitar la posibilidad de que las víctimas obtengan protección oportuna.
Padilla advirtió sobre la necesidad de que las instituciones respondan con diligencia, especialmente cuando existen amenazas que podrían derivar en formas más graves de violencia.
Los señalamientos plantean la importancia de fortalecer los procedimientos de atención y garantizar que las denuncias sean recibidas y tramitadas de manera adecuada.
Cinco departamentos con más quejas
El CONADEH identificó que aproximadamente dos terceras partes de las quejas atendidas durante la década se concentran en Francisco Morazán, Olancho, Cortés, Choluteca y Yoro.
La distribución cambia según el tipo de vulneración. Francisco Morazán y Cortés registran una proporción importante de las quejas relacionadas con el derecho a la vida, mientras que Olancho presenta el mayor número de registros vinculados con la integridad personal. En las denuncias relacionadas con el acceso a la justicia destacan Francisco Morazán y Choluteca.
Para el organismo, esta concentración territorial permite identificar zonas donde es necesario fortalecer las intervenciones y adaptar las medidas de prevención y protección a las necesidades de cada comunidad.
Sin embargo, el número de quejas recibidas no representa necesariamente la totalidad de los hechos de violencia ocurridos en esos departamentos, debido a que los registros corresponden a los casos conocidos por el Conadeh.
CONADEH pide protección
Ante las vulneraciones documentadas entre 2016 y 2025, el Conadeh recomendó al Estado hondureño garantizar recursos presupuestarios suficientes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
También instó al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y el Poder Judicial a reforzar la debida diligencia y aplicar la perspectiva de género en la atención de los casos.
Entre las medidas propuestas figuran la valoración temprana del riesgo, la aplicación efectiva de medidas de protección y la implementación de procedimientos que eviten la revictimización de las mujeres que denuncian agresiones.
El organismo pidió a la Secretaría de la Mujer y a las instituciones responsables de la prevención y protección fortalecer sus estrategias territoriales, con especial atención en los departamentos y municipios donde persisten patrones de violencia. Con información de Infobae