Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El debate sobre la seguridad nacional entró en una nueva zona de tensión política luego de que Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, advirtiera que la lucha contra la criminalidad no puede quedar atrapada en ideologías, intereses partidarios ni cálculos de poder.
El mensaje cobra fuerza porque toca una de las heridas más sensibles del país: la violencia que golpea a comunidades enteras, el avance del narcomenudeo y la exigencia ciudadana de una respuesta estatal más eficiente, más coordinada y menos fragmentada frente al crimen.
Zambrano planteó que el tema de seguridad debe ser asumido como una prioridad nacional. No como una consigna política, sino como una responsabilidad institucional frente a millones de hondureños que demandan protección, tranquilidad y resultados visibles.
En ese contexto, el titular del Legislativo se refirió a la Dipamco y afirmó que, a su criterio, esa institución debería desaparecer. No obstante, precisó que esa decisión no está dentro de las atribuciones del Congreso Nacional, sino que corresponde a otros espacios del sistema de seguridad.
La declaración abre una discusión de alto impacto sobre la estructura actual de combate al crimen en Honduras. También coloca sobre la mesa la necesidad de revisar qué instituciones están funcionando, cuáles deben fortalecerse y cuáles podrían ser sustituidas por modelos más integrales.
Zambrano explicó que desde el Consejo de Defensa y Seguridad se ha orientado la instalación de una mesa con participación de instituciones clave para avanzar en la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, concebida como una instancia interinstitucional contra la delincuencia.
Dicha agencia, según detalló, tendría la misión de establecer políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas frente a las estructuras criminales. La idea central es evitar esfuerzos aislados y construir una sola ruta de seguridad para el país.
La integración incluiría a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Militar, unidades de inteligencia, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, bajo una agenda común enfocada en proteger a la ciudadanía y combatir el crimen organizado.
El legislador insistió en que Honduras necesita una respuesta fuerte, articulada y permanente. A su juicio, no basta con operativos aislados si no existe una política pública capaz de sostener resultados y atacar las causas que permiten la expansión de la violencia.
Zambrano también vinculó parte del deterioro actual con el crecimiento de la droga que, según su exposición, habría quedado dentro del país tras el paso de narcoavionetas. Esa situación, afirmó, habría favorecido el incremento del microtráfico en barrios, colonias, aldeas y caseríos.
El impacto social de ese fenómeno, advirtió, se traduce en violencia, temor y muerte para el pueblo hondureño. Su lectura fue directa: cuando el crimen se instala en las comunidades, son las familias quienes terminan pagando el precio más alto.
El presidente del Congreso aseguró que desde ese poder del Estado existe disposición para acompañar al gobierno del presidente Asfura con reformas legales orientadas a fortalecer la seguridad. Enfatizó que el Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar herramientas jurídicas que permitan actuar con mayor fuerza contra la delincuencia.
Su mensaje final fue dirigido a todos los sectores políticos: en seguridad no debe haber militancias por encima de la vida humana. Para Zambrano, quien se matricule con la seguridad debe hacerlo pensando en el pueblo hondureño, no en ventajas partidarias.
Honduras entra así en una etapa decisiva donde la ciudadanía observará si las palabras se convierten en decisiones reales. La seguridad no admite improvisación: exige instituciones firmes, coordinación efectiva, voluntad política y una respuesta capaz de devolver paz a las comunidades. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com