Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La insistencia del Gobierno en empujar la escisión de la ENEE abrió un debate que ya no puede esconderse detrás de lenguaje técnico: Honduras quiere saber si se busca rescatar la estatal eléctrica o si se está preparando un nuevo tablero para el negocio energético nacional.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, volvió a colocar presión sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica al describirla como el “hoyo negro” de las finanzas del Estado, una frase de alto impacto que golpea a la estatal, pero también obliga a mirar hacia los intereses que durante años han girado alrededor del sistema eléctrico.
La pregunta es directa e incómoda: ¿por qué el Gobierno habla primero de partir la ENEE antes de cobrar la deuda privada, revisar contratos, auditar ganancias y revelar quiénes han pesado realmente sobre las finanzas del sector energético?
La ENEE necesita orden, eficiencia y una transformación profunda. Pero una reforma que solo golpee la estructura pública, sin tocar los privilegios privados, corre el riesgo de ser vista como una operación incompleta, selectiva y políticamente sospechosa.
El país no puede aceptar que el Estado se quede con las pérdidas, la deuda, el desgaste social y el costo político, mientras otros actores conservan o amplían la parte más rentable del negocio eléctrico.
Ese es el punto que empieza a incomodar en Casa Presidencial.
También incomoda a los dueños de la energía.
Porque la crisis de la ENEE no puede explicarse únicamente desde la mala administración pública. Detrás del colapso también hay contratos, compras, pérdidas, mora, intereses económicos, decisiones políticas y un modelo que durante años terminó trasladando la factura al ciudadano.
La electricidad no es un lujo. Es un servicio esencial para hogares, hospitales, centros educativos, empresas, maquilas, pulperías, productores y familias que enfrentan apagones, altos costos y una economía doméstica cada vez más apretada.
Por eso, el debate debe ser más amplio que la escisión.
Honduras necesita discutir si el Estado seguirá siendo un comprador débil frente a grandes generadores o si asumirá una política energética soberana para producir, regular y proteger al ciudadano.
El país debe impulsar desde el Estado energía hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, biomasa, almacenamiento energético y generación pública moderna, con una visión estratégica que reduzca dependencia, fortalezca la ENEE y coloque el interés ciudadano por encima de cualquier negocio privado.
La llamada doctrina de shock aparece cuando una institución pública es presentada como inviable, luego se instala urgencia, después se afirma que no hay otra salida y finalmente se empujan reformas profundas sin transparentar todo el mapa de intereses.
Ese riesgo está sobre la mesa.
Si el Gobierno de Nasry Asfura quiere evitar que la escisión sea leída como un movimiento para rediseñar el negocio eléctrico, debe comenzar por lo más difícil: cobrar la deuda privada, publicar cifras, revisar contratos, identificar responsables y demostrar que no está gobernando bajo presión de los grandes intereses energéticos.
La reforma de la ENEE no puede ser una puerta trasera para privatizar ganancias y socializar pérdidas.
Tampoco puede convertirse en una nueva carga para el hondureño.
El Gobierno tiene la obligación de explicar qué partes de la empresa se tocarán, quién administrará los activos, qué pasará con las deudas, qué actores privados entrarán, qué garantías tendrá el usuario y cómo se protegerá la tarifa eléctrica.
Sin esas respuestas, la escisión seguirá generando sospecha.
Y con sospecha, cualquier reforma energética nace políticamente debilitada.
Honduras necesita una ENEE fuerte, transparente, auditada y capaz de producir energía pública. No una estatal reducida a cargar pérdidas mientras otros controlan la rentabilidad del sistema.
El verdadero rescate no consiste solo en partir la empresa.
Consiste en recuperar soberanía energética, enfrentar privilegios, cobrar lo que se debe, ordenar contratos y garantizar que la electricidad vuelva a ser un servicio al ciudadano, no una fuente de presión económica permanente.
La ENEE puede requerir cirugía profunda, pero Honduras no puede permitir una reforma que incomode al pueblo y proteja a los poderosos. Antes de tocar la estatal, el Gobierno debe tocar los intereses del negocio eléctrico. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com