Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Gobierno de Nasry Asfura intenta colocar la inversión en Puerto Cortés como símbolo de confianza privada y modernización nacional, pero la versión oficial deja demasiado espacio para la sospecha política: Casa Presidencial celebra una operación millonaria sin explicar con la fuerza necesaria cómo ese proyecto impactará realmente en el bolsillo, el empleo y el futuro económico de los hondureños.
La inversión de 624 millones de dólares ejecutada por la Operadora Portuaria Centroamericana puede sonar imponente. Puede funcionar como titular de gestión. Puede llenar comunicados oficiales con palabras como competitividad, crecimiento, comercio exterior y desarrollo. Pero Honduras ya no está para discursos de vitrina. El país necesita resultados concretos, no fotografías de seguimiento.
El punto incómodo es claro: Asfura no puede presentar como logro presidencial una inversión privada sin transparentar el beneficio público de forma contundente.
Porque Puerto Cortés no es cualquier infraestructura. Es el corazón logístico del país. Por ahí pasa una parte vital del comercio hondureño. Es una plataforma estratégica para importaciones, exportaciones, materias primas, industria, empleo, recaudación y competitividad.
Por eso, cuando Casa Presidencial se coloca al centro del anuncio, también debe colocarse al centro de las preguntas.
¿Qué gana el Estado hondureño?
¿Qué gana la Empresa Nacional Portuaria?
¿Qué gana el trabajador?
¿Qué gana el pequeño productor?
¿Qué gana la familia hondureña que escucha hablar de millones, pero sigue viviendo con salarios apretados, empleo inestable y una economía que no alcanza?
La versión oficial dice que se incorporarán nuevas maquinarias, se modernizarán muelles y se incrementará el movimiento de carga. Todo eso puede ser positivo. Pero en política nacional no basta con anunciar capacidad operativa. Hay que demostrar impacto social.
Un puerto puede ser más rápido y seguir siendo injusto.
Un puerto puede mover más contenedores y no mover la vida de los hondureños.
Un puerto puede generar ganancias logísticas mientras la ciudadanía queda fuera del reparto real del desarrollo.
Esa es la contradicción que incomoda a Casa Presidencial.
Nasry Asfura busca proyectar imagen de presidente supervisor, atento a proyectos estratégicos y cercano a la inversión. Pero Honduras no necesita un mandatario que solo observe avances técnicos. Necesita un Presidente que garantice que los proyectos estratégicos no se conviertan en escenarios donde el poder político legitima grandes negocios mientras el pueblo recibe promesas generales.
La modernización de Puerto Cortés debe ser sometida a una lupa nacional. No por rechazo al desarrollo, sino precisamente porque el desarrollo verdadero exige control, transparencia y resultados.
El país debe saber si el proyecto contempla compromisos firmes de empleo hondureño. Debe saber si habrá contratación local. Debe saber si se fortalecerán capacidades nacionales. Debe saber si se protegerá el interés público. Debe saber si la ENP tendrá un papel robusto o simplemente aparecerá en el discurso como acompañante institucional.
Casa Presidencial no puede esconder esas preguntas detrás de un lenguaje optimista.
Cuando un Gobierno habla de competitividad, también debe hablar de desigualdad.
Cuando habla de inversión, también debe hablar de distribución del beneficio.
Cuando habla de confianza privada, también debe hablar de defensa del Estado.
Cuando habla de empleo, también debe decir cuántos, dónde, cuándo, con qué condiciones y bajo qué garantías.
Ese es el estándar mínimo que debería cumplir una administración que pretende convencer al país de que esta inversión representa un salto económico real.
La narrativa oficial sostiene que Puerto Cortés se consolidará como referente logístico en Centroamérica. Pero Honduras no gana nada con ser referente logístico si sus ciudadanos siguen atrapados en una economía precaria, si las oportunidades quedan concentradas, si el empleo prometido no aparece con fuerza y si la institucionalidad se limita a acompañar decisiones tomadas por actores privados.
El verdadero debate no es técnico. Es político.
Se trata de saber si el Gobierno de Nasry Asfura tiene la capacidad de convertir grandes inversiones en desarrollo nacional o si seguirá usando los proyectos privados como escaparate para mejorar su imagen pública.
Puerto Cortés puede ser una puerta de crecimiento, pero también puede convertirse en un espejo incómodo para Casa Presidencial: un país con infraestructura moderna, pero con ciudadanos que siguen esperando que el desarrollo baje de los discursos a la realidad.
Ese escenario sería políticamente explosivo.
Porque mientras el Gobierno presume avances, miles de hondureños se preguntan por qué las grandes inversiones casi siempre se anuncian arriba, se negocian arriba y se celebran arriba, pero tardan demasiado en sentirse abajo, donde vive la mayoría.
La administración Asfura debería entender que el país está cansado de promesas envueltas en lenguaje institucional. La gente quiere empleos. Quiere precios más justos. Quiere oportunidades. Quiere un Estado que defienda lo público. Quiere saber que Puerto Cortés no será únicamente un corredor eficiente para mercancías, sino una plataforma para dignificar la economía hondureña.
Si Casa Presidencial no ofrece esas respuestas, la modernización portuaria puede transformarse en un boomerang político.
Porque una inversión millonaria sin claridad social no necesariamente fortalece a un Gobierno. También puede desnudarlo.
Puerto Cortés puede representar una oportunidad histórica para Honduras, pero si Nasry Asfura no demuestra que el beneficio será nacional, el discurso oficial terminará chocando contra una realidad más dura: el pueblo no vive de comunicados, vive de resultados. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com