Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – María Antonieta Mejía debe convertir la defensa de las reformas energéticas en un programa nacional de rescate capaz de detener la caída financiera de la ENEE, reducir las pérdidas, ordenar su deuda y evitar que la crisis termine castigando nuevamente a los abonados hondureños.
HonduPrensa.Com propone a la designada presidencial encabezar un Plan B fiscal, técnico y administrativo de emergencia que permita salvar la estatal sin privatizarla, pero también sin conservar intactas las condiciones que la llevaron a acumular más de 120,000 millones de lempiras en deuda.
La empresa eléctrica ya no necesita respuestas parciales.
Necesita una intervención integral que revise desde las exoneraciones fiscales hasta los contratos de generación, desde el fraude eléctrico hasta la mora pública, desde los subsidios hasta la estructura administrativa y desde el deterioro de las redes hasta la manera en que se seleccionan sus principales autoridades.
La ENEE debe seguir siendo pública, pero continuar bajo propiedad estatal no puede significar mantener pérdidas ilimitadas, decisiones políticas, opacidad contractual ni dependencia permanente del presupuesto nacional.
Un Plan B frente al riesgo de mayor endeudamiento
El llamado Plan B tendría que colocar en el centro del debate la revisión del gasto tributario.
Honduras deja de percibir aproximadamente 73,702 millones de lempiras anuales mediante exenciones y exoneraciones fiscales.
La cifra adquiere una dimensión crítica cuando se compara con las necesidades financieras de la ENEE y con los recursos que el Estado deja de invertir en hospitales, escuelas, carreteras, seguridad y programas sociales.
Las cifras preliminares indican que 656 empresas, dentro de un universo superior a las 300,000 registradas en Honduras, reciben beneficios bajo regímenes especiales, alianzas público-privadas u otros mecanismos de incentivo.
Las ventajas incluyen exoneraciones totales o parciales del Impuesto Sobre la Renta, activo neto, ganancias de capital, aranceles de importación e impuestos vinculados con combustibles.
La revisión debe realizarse empresa por empresa y régimen por régimen.
No puede aplicarse bajo criterios ideológicos ni utilizarse como instrumento de persecución política.
Los beneficios que produzcan empleo formal, exportaciones, inversión, tecnología y desarrollo deben protegerse.
Los que no demuestren resultados deberán corregirse.
Los recursos recuperados podrían destinarse parcialmente a un fondo de rescate energético administrado con controles externos, auditoría permanente y metas obligatorias.
Hasta 18,000 millones perdidos cada año
La estatal eléctrica pierde entre 40 y 50 millones de lempiras cada día debido al hurto, fraude, fallas técnicas, redes deterioradas, consumo no facturado y deficiencias históricas.
La fuga equivale a entre 15,600 y 18,000 millones de lempiras anuales.
Aproximadamente el 35% de la energía disponible se pierde antes de convertirse en ingresos.
En términos diarios, Honduras estaría dejando escapar alrededor de 544 lempiras por segundo.
Ese dinero desaparece mientras la ENEE necesita nuevas transferencias para continuar operando.
El país no puede rescatar una empresa que mantiene abierto el mismo agujero por donde se escapan sus recursos.
Por eso, la reducción de pérdidas debe convertirse en el principal indicador de éxito del Plan B.
Intervenir los circuitos con mayores pérdidas
La ENEE debe publicar un mapa nacional de pérdidas por circuito, municipio y región.
La información permitiría dirigir cuadrillas, inversión y tecnología hacia los puntos más críticos.
Cada circuito intervenido debe contar con una meta mensual de recuperación.
Los resultados deben incluir energía suministrada, energía facturada, energía cobrada, conexiones regularizadas y fraudes detectados.
La empresa también deberá identificar si las pérdidas responden a redes deterioradas, errores comerciales, robo organizado o falta de medición.
Sin información precisa, las campañas contra el fraude corren el riesgo de convertirse en operativos temporales sin impacto financiero.
Acabar con el robo de electricidad
El hurto de energía debe enfrentarse como un delito económico que afecta a toda la población.
Las conexiones ilegales no solo reducen los ingresos. También sobrecargan transformadores, provocan interrupciones, dañan equipos y elevan el riesgo de accidentes.
El Gobierno necesita una unidad especializada con capacidad técnica, investigativa y legal.
La actuación debe alcanzar a todos los responsables, incluidos grandes consumidores que manipulen equipos o utilicen influencias para evitar pagos.
Al mismo tiempo, las familias vulnerables que viven en zonas sin regularización formal deben recibir alternativas para acceder legalmente al servicio.
El combate al fraude debe ser firme, pero también socialmente responsable.
Medidores inteligentes para grandes consumidores
La instalación de medidores inteligentes debe comenzar por industrias, centros comerciales, instituciones públicas, municipalidades, complejos residenciales y usuarios con consumos elevados.
La medición remota puede detectar alteraciones, interrupciones, cambios sospechosos y diferencias entre la energía suministrada y la registrada.
También reduce el contacto discrecional entre lectores y usuarios, disminuyendo espacios para posibles irregularidades.
La tecnología debe adquirirse mediante licitaciones transparentes y con estándares que eviten depender de un único proveedor.
Recuperar cada lempira adeudado
La mora constituye otro agujero financiero.
El Gobierno debe publicar cuánto deben las instituciones del Estado, municipalidades, empresas y grandes consumidores.
Las dependencias públicas tienen que pagar mediante convenios obligatorios y deducciones automáticas.
Las entidades que no presupuesten su consumo deben asumir responsabilidades administrativas.
Para los clientes privados con capacidad económica, la estatal debe aplicar cobro judicial cuando fracasen los acuerdos.
Para los hogares pobres, el sistema debe ofrecer cuotas accesibles, regularización y protección contra desconexiones desproporcionadas.
La política de cobro debe ser justa, pero no permisiva.
Una deuda superior a 120,000 millones
La deuda acumulada de la ENEE supera los 120,000 millones de lempiras.
Las obligaciones con generadores privados rondan los 15,400 millones.
Cada mes, el Gobierno destina cerca de 283 millones de lempiras para sostener subsidios al consumo eléctrico.
Esta combinación limita la capacidad de inversión de la empresa y obliga al Estado a cubrir compromisos mediante transferencias o endeudamiento.
El Plan B necesita una reestructuración financiera profesional.
La deuda debe clasificarse por acreedor, tasa, plazo, moneda, garantía y costo.
Las obligaciones más costosas deben renegociarse primero.
El Gobierno también debe analizar mecanismos de refinanciamiento que reduzcan intereses sin comprometer activos estratégicos o ingresos futuros bajo condiciones desfavorables.
Calendario transparente para los generadores
La deuda con los generadores requiere una salida negociada.
El Estado debe establecer un calendario de pagos que proteja la continuidad del suministro y reduzca el riesgo de nuevas penalidades.
La negociación debe considerar plazos, descuentos financieros, reestructuración de obligaciones vencidas y posibles acuerdos para reducir costos futuros.
Todo arreglo debe publicarse.
El Gobierno no puede anunciar rescates sin explicar quién recibe los recursos, bajo qué condiciones y qué beneficio obtiene la ENEE.
Contratos bajo revisión independiente
Los contratos de generación deben ser sometidos a una revisión técnica y jurídica independiente.
El análisis tiene que determinar costos reales, fórmulas de indexación, garantías, obligaciones de compra, penalidades y vigencia.
La seguridad jurídica debe respetarse.
Pero respetar contratos no significa renunciar a renegociar condiciones cuando ambas partes puedan obtener estabilidad.
También deben establecerse reglas más competitivas para futuras contrataciones de energía.
Las nuevas compras deben favorecer precios bajos, confiabilidad, diversificación y transparencia.
Subsidios sociales, no subsidios generalizados
Los aproximadamente 283 millones de lempiras mensuales utilizados para subsidios necesitan una evaluación completa.
La ayuda debe concentrarse en familias de bajos ingresos, adultos mayores en vulnerabilidad y hogares con condiciones sociales comprobables.
Los clientes con capacidad de pago no deberían recibir recursos destinados a proteger a los más pobres.
El padrón de beneficiarios necesita cruces de información para impedir duplicidades, irregularidades o subsidios a consumos excesivos.
También debe fijarse un límite razonable de energía subsidiada.
El objetivo es proteger el consumo básico, no financiar desperdicio.
Evitar que la tarifa pague todos los errores
La tarifa debe cubrir costos eficientes, pero no puede convertirse en la salida automática para compensar pérdidas, mala administración o fraude.
Antes de autorizar aumentos, la ENEE debe demostrar cuánto ha reducido sus gastos, cuánto ha recuperado de la mora y cuánto ha disminuido el hurto.
La autoridad reguladora debe publicar informes sencillos que permitan entender cada modificación tarifaria.
La ciudadanía tiene derecho a saber si un aumento responde al costo internacional de la energía o a ineficiencias internas.
Red eléctrica moderna
La infraestructura de distribución necesita inversiones urgentes.
Transformadores, líneas y subestaciones deterioradas provocan pérdidas, apagones y daños a usuarios.
Las inversiones deben priorizarse mediante criterios técnicos y datos de demanda.
Cada obra tiene que incluir presupuesto, plazo, contratista, avance físico y resultados esperados.
Además, la empresa debe mejorar el mantenimiento preventivo.
Esperar que los equipos fallen antes de intervenir eleva los costos y empeora el servicio.
Matriz energética menos vulnerable
Honduras necesita reducir su dependencia de fuentes costosas y combustibles importados.
El país debe incorporar generación renovable bajo procesos competitivos.
La energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y de biomasa puede fortalecer la seguridad energética, siempre que los contratos sean sostenibles.
La expansión debe acompañarse de inversiones en transmisión, almacenamiento y sistemas de respaldo.
No basta con contratar nueva energía si la red no puede transportarla o administrarla.
Eficiencia energética nacional
El Plan B también debe reducir la demanda innecesaria.
El Gobierno puede promover iluminación eficiente, equipos de bajo consumo, auditorías energéticas y construcción sostenible.
Las instituciones públicas deben ser las primeras en aplicar metas de ahorro.
Hospitales, escuelas, oficinas y edificios gubernamentales necesitan sistemas de medición y reducción de consumo.
La energía más barata es aquella que no se desperdicia.
Depurar la administración
La ENEE debe revisar su estructura de personal, consultorías, alquileres, vehículos, viáticos y contrataciones.
El proceso tiene que proteger a los trabajadores técnicos necesarios para operar el sistema.
Pero las plazas duplicadas, posiciones políticas y gastos injustificados deben eliminarse.
Los nombramientos deben basarse en mérito, experiencia y resultados.
La empresa no puede funcionar como una oficina de empleos partidarios.
Junta directiva con responsabilidad
La conducción de la ENEE necesita profesionales en energía, finanzas, regulación, derecho y gestión empresarial.
Los directivos deben declarar conflictos de interés y publicar sus decisiones.
La gerencia tiene que presentar metas trimestrales.
Quien no reduzca pérdidas, mejore la recaudación o ejecute inversiones deberá responder por su desempeño.
La estabilidad de los funcionarios no debe depender de vínculos políticos, sino de resultados.
Auditoría para identificar responsabilidades
El rescate debe comenzar con una auditoría forense.
Honduras necesita conocer cómo se acumuló la deuda, qué contratos tuvieron mayor impacto, qué cuentas dejaron de cobrarse y qué decisiones provocaron pérdidas.
Cuando existan indicios de irregularidades, los expedientes deben trasladarse a las autoridades correspondientes.
El rescate no puede borrar responsabilidades del pasado.
Inyectar recursos sin investigar sería premiar la mala gestión.
Portal público del rescate
La ENEE debería crear un portal digital donde cualquier ciudadano pueda consultar:
Pérdidas mensuales, recaudación, deuda, pagos, subsidios, contratos, interrupciones, compras, inversiones y metas del Plan B.
La transparencia debe ser en tiempo real, no mediante informes atrasados o incompletos.
También se necesita una veeduría independiente integrada por sectores técnicos, académicos, empresariales y ciudadanos.
Compras transparentes
Las adquisiciones de materiales, tecnología, equipos y servicios deben realizarse mediante competencia pública.
Los precios de transformadores, medidores, cables y otros equipos necesitan compararse con referencias regionales.
Los proveedores deben cumplir garantías y plazos.
Quienes incumplan deben ser sancionados e inhabilitados según la ley.
Control de inventarios y materiales
La ENEE necesita rastrear cada equipo desde su compra hasta su instalación.
Los inventarios deben digitalizarse.
Las cuadrillas deben registrar materiales utilizados, ubicaciones y responsables.
La pérdida de insumos, combustibles o equipos también representa una fuga de dinero público.
Generación distribuida con reglas claras
Los usuarios capaces de producir energía solar deben contar con procedimientos sencillos para conectarse a la red.
La generación distribuida puede disminuir presión sobre el sistema y reducir consumo en horas críticas.
Sin embargo, las reglas de compensación deben evitar trasladar costos injustos a quienes no pueden instalar paneles.
La regulación debe equilibrar innovación, sostenibilidad y equidad.
Participación privada sin entregar la estatal
La ENEE puede utilizar inversión y experiencia privada para ejecutar proyectos, adquirir tecnología o mejorar servicios.
Pero la participación debe estar sometida a competencia, regulación y controles.
El Estado debe conservar los activos estratégicos, la política energética y la capacidad de supervisión.
La participación privada no puede transformarse en privatización encubierta ni en contratos donde el sector público asuma todas las pérdidas.
Protección del trabajador técnico
La reorganización no debe presentar a todos los empleados como responsables de la crisis.
Miles de trabajadores técnicos mantienen operando el sistema en condiciones difíciles.
El rescate debe incluir capacitación, herramientas, seguridad laboral y evaluación de desempeño.
La transformación necesita al personal comprometido, pero debe separar a quienes trabajan de quienes utilizan la empresa para privilegios.
Primeros 100 días del Plan B
En sus primeros 100 días, la estrategia debería:
Publicar la deuda total y la mora.
Presentar el mapa nacional de pérdidas.
Iniciar la auditoría forense.
Intervenir los circuitos con mayores irregularidades.
Instalar medición inteligente en grandes consumidores.
Revisar subsidios.
Negociar un calendario de pago con generadores.
Iniciar la evaluación de exoneraciones.
Eliminar gastos administrativos innecesarios.
Crear el portal público del rescate.
Primer año con resultados medibles
Al finalizar el primer año, el Gobierno debe mostrar una reducción real de pérdidas, aumento de la recaudación, recuperación de mora, modernización de redes y disminución del déficit operativo.
También debe informar cuánto dinero recuperó mediante la revisión fiscal y cómo fue utilizado.
Sin resultados medibles, el Plan B se convertiría en otro anuncio.
María Antonieta Mejía ante una decisión histórica
Mejía ha pedido al Congreso Nacional elevar el debate técnico.
Ese llamado puede convertirse en el punto de partida de un pacto nacional para salvar la ENEE.
Pero la discusión debe reconocer que rescatar la empresa tocará intereses económicos, políticos e institucionales.
Los beneficiarios de exoneraciones defenderán sus ventajas.
Los generadores exigirán sus pagos.
Los usuarios rechazarán aumentos.
Los trabajadores defenderán sus derechos.
El Gobierno tendrá que equilibrar esas presiones sin abandonar el objetivo central.
La ENEE debe dejar de ser una empresa que pierde dinero para convertirse en una institución capaz de financiar su operación, invertir y ofrecer un servicio confiable.
Salvarla sin privatizarla exige demostrar que el Estado puede administrarla con responsabilidad.
El Plan B debe impedir que la población pague sola la crisis.
También debe garantizar que los recursos recuperados no desaparezcan dentro de la misma estructura que produjo las pérdidas.
Honduras necesita un rescate con controles, plazos, responsables y consecuencias.
Cada día sin decisiones representa hasta 50 millones de lempiras perdidos, más deuda pública y menos recursos para las necesidades sociales.
El tiempo de administrar la crisis terminó. Ahora corresponde detener las pérdidas, ordenar las cuentas, revisar privilegios, modernizar la red y recuperar la confianza ciudadana. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com