Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Casa Presidencial prometió una CICIH independiente, pero ahora construye desde adentro su propio sistema anticorrupción, selecciona al futuro vigilante del Ejecutivo y mantiene vacante el cargo más importante de esa estrategia.
La escena política resulta demoledora.
El Gobierno quiere combatir la corrupción desde el mismo despacho que concentrará la decisión sobre quién dirigirá esa lucha.
En otras palabras, el poder pretende nombrar a quien deberá fiscalizar al poder.
La fórmula recuerda una advertencia popular que hoy golpea directamente al Ejecutivo: poner al conejo a cuidar las zanahorias y esperar que nadie pregunte quién controla la bodega.
Nasry Asfura firmó durante la campaña un acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que incluía la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.
El compromiso contemplaba establecer el mecanismo durante su primer año de gobierno, garantizar independencia política y promover reformas capaces de atacar las redes criminales que se han beneficiado del Estado.
La promesa fue clara.
Pero la ejecución se ha vuelto confusa.
Miembros de la administración llegaron inicialmente a cuestionar que la CICIH hubiera sido una promesa de campaña. Posteriormente, el propio mandatario confirmó que sí había asumido el compromiso y recordó la firma del documento de 12 puntos con el Consejo Nacional Anticorrupción.
Desde entonces, el Gobierno sostiene que desea instalar la comisión, pero advierte que las negociaciones con la Organización de las Naciones Unidas son complejas y requieren tiempo.
Mientras esa ruta internacional avanza lentamente, el Ejecutivo decidió acelerar su propia estructura interna.
Creó el Comisionado Presidencial para la Transparencia, anunció una nueva política anticorrupción y trasladó el centro de coordinación hacia instituciones bajo influencia directa del Estado.
El movimiento despierta una pregunta explosiva:
¿Casa Presidencial está preparando el terreno para complementar la CICIH o para sustituirla silenciosamente?
El comisionado tendrá una posición estratégica.
Deberá dirigir la coordinación política en materia de transparencia, articular instituciones y representar la política anticorrupción del Gobierno.
Pero será escogido desde el mismo Poder Ejecutivo al que deberá vigilar.
Esa dependencia de origen amenaza con convertir la autonomía prometida en una palabra escrita sobre papel.
No basta con declarar que un funcionario será independiente.
Debe existir un proceso público, competitivo y verificable que impida su captura política.
Hasta ahora, Casa Presidencial no ha revelado una lista de aspirantes.
No ha publicado criterios definitivos de evaluación.
No ha establecido una fecha concreta para el nombramiento.
No ha detallado qué controles impedirán la selección de un militante, un aliado, un asesor cercano o una figura comprometida con intereses gubernamentales.
El cargo continúa vacante pese a que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-011-2026.
El Gobierno asegura que analiza perfiles y conversa con diferentes sectores, pero la falta de información convierte esa supuesta socialización en un proceso rodeado de sombras.
¿Quién participa?
¿Quién propone?
¿Quién descarta?
¿Quién tiene la última palabra?
La respuesta conduce siempre al mismo lugar: Casa Presidencial.
La crisis no consiste únicamente en que el puesto siga vacío.
La crisis radica en que la principal estructura anticorrupción del Ejecutivo puede nacer políticamente amarrada al Ejecutivo.
Un funcionario nombrado por el presidente tendrá que fiscalizar la administración del presidente.
Tendrá que cuestionar a ministros seleccionados por el presidente.
Tendrá que exigir información a instituciones dirigidas por funcionarios cercanos al presidente.
Tendrá que denunciar irregularidades que eventualmente podrían golpear el entorno político del presidente.
¿Podrá hacerlo sin temor a perder el cargo?
¿Tendrá presupuesto propio?
¿Podrá publicar hallazgos sin autorización?
¿Contará con acceso irrestricto a documentos?
¿Podrá señalar directamente a Casa Presidencial?
Sin respuestas claras, la autonomía funcional corre el riesgo de ser una ficción.
La estructura interna también podría convertirse en un mecanismo para controlar el relato público sobre la corrupción.
En lugar de investigar, podría administrar daños.
En lugar de denunciar, podría preparar explicaciones.
En lugar de abrir las puertas del poder, podría cerrar filas para protegerlo.
En lugar de perseguir redes, podría perseguir filtraciones.
Ese es el peligro cuando el vigilante depende políticamente de quien será vigilado.
La administración de Asfura ha anunciado además una nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción, con mayor participación de instituciones nacionales como la Procuraduría General de la República.
Fortalecer el marco nacional es necesario.
Pero ninguna reforma interna debe ser utilizada como excusa para abandonar la CICIH.
Honduras ha visto demasiadas veces cómo las grandes promesas anticorrupción terminan convertidas en oficinas sin dientes, leyes sin aplicación, comisiones sin independencia y funcionarios incapaces de tocar a quienes concentran poder.
La CICIH fue presentada precisamente como una respuesta ante ese fracaso.
Su valor no reside únicamente en el respaldo internacional.
Reside en su capacidad potencial para actuar fuera de las cadenas partidarias, los pactos de impunidad y las presiones que paralizan a las instituciones nacionales.
Si Casa Presidencial realmente quiere combatir la corrupción, debe aceptar una vigilancia que no pueda controlar.
Debe instalar la CICIH.
Debe transparentar la selección del comisionado.
Debe garantizar que ambas estructuras puedan denunciar incluso a las figuras más cercanas al poder.
Debe permitir que las investigaciones lleguen hasta donde conduzcan las pruebas.
De lo contrario, el país estará ante una operación de maquillaje institucional.
Una oficina para aparentar.
Un decreto para tranquilizar.
Una ley para ganar tiempo.
Un comisionado para proteger.
Y una CICIH abandonada en el archivo de las promesas electorales.
Nasry Asfura no puede prometer una comisión internacional independiente y después pretender que una figura nombrada desde Casa Presidencial sea suficiente para vigilar al Gobierno.
Eso no es independencia.
Es control político vestido de transparencia.
La ciudadanía no necesita que el Ejecutivo escoja a su propio fiscalizador entre cuatro paredes.
Necesita conocer los nombres, los criterios, las facultades, el presupuesto y las garantías de independencia.
Casa Presidencial debe decidir si quiere un guardián capaz de abrir las bodegas del poder o un conejo obediente sentado frente a las zanahorias.
Si el Gobierno elige la segunda opción, la crisis de credibilidad será inevitable y la promesa de la CICIH quedará reducida a una firma utilizada para ganar votos. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com