La discusión electoral no debería limitarse a impedir bloqueos dentro del CNE o acelerar la divulgación de resultados. El cambio profundo sería separar administración electoral de intereses partidarios, blindar el voto desde la mesa hasta el escrutinio definitivo y someter dinero, tecnología e instituciones a controles visibles para todos.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El problema electoral de Honduras no comienza cuando falla una transmisión ni termina cuando dos consejeros logran instalar una sesión. La crisis aparece mucho antes, cuando partidos que compiten por el poder conservan influencia directa dentro de estructuras encargadas de organizar, administrar y vigilar partes esenciales de esa misma competencia. El proyecto presentado al Congreso busca romper determinados bloqueos, modificar las JRV y acelerar procedimientos de escrutinio. Pero mantiene una arquitectura donde las fuerzas políticas continúan ocupando espacios determinantes dentro de las mesas.
Ese es el punto donde una reforma verdaderamente profunda tendría que romper el molde tradicional. Fiscalizar una elección no es lo mismo que administrarla, del mismo modo que defender un voto no debería significar controlar la estructura que lo recibe y contabiliza. Los partidos tienen derecho a observar, impugnar, acreditar representantes y verificar cada acta. La administración material del sufragio, en cambio, podría evolucionar hacia una estructura ciudadana profesional, capacitada y sometida exclusivamente a la ley.
Menos cuotas, más institución
El CNE necesita mecanismos que impidan paralizarlo, pero también necesita algo más difícil: capacidad para actuar con independencia frente a quienes compiten electoralmente. La Unión Europea, tras observar las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, recomendó expresamente fortalecer independencia, responsabilidad pública y capacidad institucional del organismo para protegerlo de interferencias políticas. También pidió salvaguardas internas contra bloqueos motivados políticamente. Esa recomendación coloca la discusión más allá de sustituir unanimidades por mayorías.
Una reforma de fondo debería discutir procesos meritocráticos para el aparato técnico del CNE, estabilidad profesional del personal especializado y obligaciones radicales de transparencia sobre contrataciones, resoluciones y sistemas informáticos. Quien llegue a la conducción política del organismo debería encontrar una institución funcionando, no una estructura que deba reconstruirse antes de cada elección. Las reglas técnicas tampoco deberían cambiar dependiendo de quién tenga mayoría coyuntural. Un árbitro electoral fuerte necesita autonomía frente a todos, incluso frente a quienes ayudaron a elegir a sus autoridades.
Ciudadanización sin medias tintas
El proyecto descrito propone cinco miembros en cada JRV, con tres posiciones para los partidos de mayor votación presidencial y dos funciones técnicas para ciudadanos sorteados. Eso constituye una modificación importante respecto al modelo partidario tradicional, pero no equivale a una despartidización completa de las mesas. Una reforma más ambiciosa podría estudiar un esquema donde los integrantes operativos sean ciudadanos certificados y los partidos ejerzan una fiscalización externa, intensa y con acceso pleno al acta.
Cada ciudadano seleccionado tendría que ser capacitado con meses de anticipación, superar pruebas mínimas y participar en simulaciones nacionales. Las acreditaciones deberían ser verificables, los reemplazos tendrían que salir de una reserva previamente certificada y cada incidente quedaría documentado digitalmente. La mesa dejaría de ser un pequeño reparto del mapa partidario para transformarse en una extensión temporal del Estado electoral. Ese cambio sí alteraría la cultura con la que Honduras administra el voto.
Resultados rápidos, pero sobre todo auditables
Conocer resultados el mismo día puede reducir incertidumbre, pero rapidez sin trazabilidad no produce confianza. La reforma mencionada pretende que biometría, transmisión y escrutinio automatizado sean diseñados e implementados por el CNE, con posibilidad de contratar tecnología especializada, además de fijar plazos previos para disponer del sistema. La MOE UE fue todavía más precisa al recomendar reforzar la propiedad y control del CNE sobre el sistema de gestión de resultados, desarrollado, probado y auditado con suficiente anticipación.
Una reforma integral debería convertir cada acta en un documento públicamente rastreable desde la JRV hasta el resultado nacional. Toda corrección tendría que dejar huella, toda inconsistencia tendría que indicar quién la resolvió y toda imagen debería poder cotejarse con el documento físico. Auditorías independientes deberían realizarse antes, durante y después del proceso sin esperar una crisis para abrir los sistemas. La meta no es que el país crea en una computadora; es que pueda verificar lo que hizo esa computadora.
La segunda vuelta no puede seguir como tema de temporada
El proyecto no incorpora balotaje, aunque dentro del Congreso existen voces que lo defienden. La Constitución vigente dispone en su artículo 236 que Presidente y designados sean electos por simple mayoría, por lo que alterar ese mecanismo exige una reforma constitucional. El artículo 373 establece dos tercios del Congreso y posterior ratificación por la legislatura ordinaria siguiente.
El debate tendría que definir si Honduras desea que una Presidencia pueda continuar obteniéndose con cualquier pluralidad o si debe requerirse un respaldo mínimo superior mediante una segunda ronda. Esa decisión no puede depender de encuestas, conveniencias de campaña o cálculos sobre quién aparece primero en determinada elección. Debe establecerse con visión de décadas, porque todos los partidos pueden ganar y todos pueden perder. Una regla electoral es creíble cuando quien la aprueba está dispuesto a obedecerla también desde la oposición.
El dinero también vota cuando nadie lo controla
La discusión sería incompleta si no entra de lleno al financiamiento político, los recursos estatales, la publicidad electoral y la rendición de cuentas. Las misiones internacionales observan esas materias porque determinan si los candidatos compiten realmente en condiciones razonablemente equitativas. La MOE UE examinó en 2025 el uso de recursos públicos, el financiamiento de campañas, el acceso a medios y la integridad de todo el proceso, no únicamente el conteo final. Una reforma que perfeccione las urnas pero ignore el origen del dinero dejaría intacta una de las zonas más sensibles de cualquier democracia.
Los informes de ingresos y gastos deberían llegar a conocimiento ciudadano con oportunidad suficiente para que tengan utilidad política, no cuando la elección haya quedado atrás. La fiscalización necesita capacidad investigativa, tecnología, personal y sanciones capaces de producir consecuencias reales. El uso de bienes, fondos o estructuras estatales con fines proselitistas tendría que quedar sometido a controles inequívocos. La igualdad electoral se rompe mucho antes del día de la votación cuando algunos pueden competir con ventajas que otros no poseen.
Honduras tiene ahora la oportunidad de decidir entre reparar las averías visibles del proceso anterior o rediseñar el sistema para evitar que esas crisis vuelvan a reproducirse. Una reforma auténtica debería atravesar CNE, TJE, mesas, tecnología, padrón, financiamiento, segunda vuelta, fiscalización, campañas y derechos del elector. No significa que todas las respuestas estén escritas de antemano, pero sí que todos los problemas estructurales deben ponerse sobre la mesa. Reformar de verdad significa cambiar las reglas para que ningún partido necesite controlar el sistema para confiar en él. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com