Casa Presidencial promete controles sobre los recursos públicos mientras construye su propio aparato anticorrupción. El desafío que incomoda al Ejecutivo es otro: demostrar que está dispuesto a aceptar una vigilancia que no dependa del Presidente.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Honduras no necesita otra ceremonia para escuchar que el dinero público debe manejarse correctamente. Necesita saber quién contrata con el Estado, quién está detrás de esas empresas, cuánto recibe, qué funcionario autorizó cada gasto además de qué ocurre cuando una auditoría encuentra irregularidades. El presidente Nasry Asfura ha vuelto a colocar transparencia, rendición de cuentas además de fiscalización como prioridades de su administración. Desde ese instante, cada contrato oculto, cada información tardía además de cada compromiso anticorrupción sin calendario se convierte inevitablemente en una prueba contra el propio discurso oficial.
El Ejecutivo sostiene que pretende modernizar la contratación estatal mediante una nueva legislación, mejorar controles municipales además de agilizar las compras necesarias para áreas críticas como salud. Nada de eso resulta cuestionable por sí mismo: un Estado lento también castiga al ciudadano cuando medicamentos, obras o servicios quedan atrapados durante meses en trámites absurdos. El problema aparece cuando la palabra “agilidad” comienza a utilizarse sin explicar simultáneamente cómo se reforzarán los controles. Un Gobierno transparente debe hacer más rápido el trámite, nunca más invisible el dinero.
Casa Presidencial no puede convertirse en juez de su transparencia
El Gobierno creó mediante el PCM-011-2026 una Estrategia Nacional de Transparencia además de un Comisionado Presidencial para la Transparencia encargado de dirigir políticamente la coordinación anticorrupción. La figura será nombrada por el propio Presidente, permanecerá adscrita a la Presidencia además de carecerá de potestad para investigar penalmente casos de corrupción. Esa arquitectura merece un escrutinio severo porque el país debe evitar que la lucha anticorrupción termine funcionando principalmente como coordinación administrativa desde el mismo centro del poder que también necesita fiscalización. La independencia no se demuestra escribiéndola en un decreto; se demuestra cuando el investigador puede tocar la puerta de Casa Presidencial sin miedo, permiso ni instrucciones políticas.
La estrategia gubernamental contiene, paradójicamente, propuestas importantes que deberían convertirse de inmediato en obligaciones verificables. Incluye contratación abierta, publicación del beneficiario final de empresas proveedoras, mayor control patrimonial, prevención de conflictos de interés, regulación de puertas giratorias, colaboración eficaz además de reformas para investigar corrupción compleja. El Ejecutivo no necesita inventar ahora una nueva lista de prioridades porque su propio documento reconoce buena parte de las vulnerabilidades existentes. Lo que Honduras necesita es saber qué reforma comienza mañana, quién responde por ella, cuánto cuesta, cuándo termina además de qué indicador permitirá comprobar que realmente funcionó.
La CICIH convierte el discurso en un examen político
Existe además un compromiso imposible de borrar del expediente público. El 4 de septiembre de 2025, Nasry Asfura suscribió con el CNA un acuerdo que incluyó el establecimiento de la CICIH con autonomía durante el primer año de gobierno. Cuando surgieron dudas dentro de su propia administración sobre aquella promesa, el mandatario terminó ratificando en mayo de 2026 que sí había respaldado el mecanismo además de que continuaba sosteniendo ese compromiso. La discusión, por tanto, ya no consiste en determinar si Asfura habló de la CICIH: consiste en preguntarle cuándo comenzará a convertir su firma en una hoja de ruta ejecutable.
El primer año presidencial todavía no concluye, por lo que el Gobierno mantiene margen para honrar lo firmado. Precisamente por eso resulta incomprensible que no exista una explicación pública frecuente sobre la negociación internacional, las reformas pendientes, el modelo jurídico buscado además de las fechas previstas para avanzar. Decir que el proceso requiere tiempo puede ser cierto, pero un proceso complejo exige más información, no menos. La falta de calendario no prueba que el Gobierno haya abandonado la CICIH, pero sí impide al ciudadano comprobar que realmente está avanzando hacia ella.
Si quiere credibilidad, que publique todo
El Gobierno puede disipar buena parte de las sospechas con una decisión radicalmente sencilla: transparencia por defecto. Presupuesto ejecutado, transferencias, órdenes de compra, licitaciones, compras directas, adendas, contratos, fideicomisos, consultorías además de pagos deberían estar disponibles en datos abiertos, fácilmente buscables desde cualquier teléfono. Cada empresa que reciba dinero público debería aparecer vinculada a su beneficiario final, historial contractual, sanciones, representantes legales además de posibles relaciones que generen conflictos de interés. El ciudadano que paga impuestos no tendría que convertirse en investigador para descubrir cómo gastaron su dinero.
La recién aprobada normativa sobre beneficiarios finales ofrece una pieza importante para construir ese modelo. El Congreso aprobó en junio la creación de un registro destinado a identificar a quienes controlan realmente personas jurídicas además de estructuras legales, con acceso previsto para autoridades como el Ministerio Público además de ONCAE. La verdadera prueba estará en conectar eficazmente ese registro con la contratación estatal para impedir que sociedades opacas puedan ocultar a sus verdaderos propietarios detrás de papeles corporativos. Transparencia empresarial sin cruce con las compras públicas sería apenas media reforma para un problema completo.
Fiscalización que alcance a amigos además de adversarios
El Gobierno también debería exigir declaraciones patrimoniales verificables para altos funcionarios conforme a la ley, implementar controles reales sobre nepotismo además de conflictos de interés, proteger denunciantes, facilitar acceso a expedientes públicos además de garantizar independencia a los órganos responsables de investigar. Las auditorías del TSC necesitan seguimiento público que permita conocer cuánto dinero fue reparado, recuperado o remitido a otras autoridades. El Ministerio Público debe poder investigar sin interferencias además de la nueva legislación contractual tiene que cerrar puertas a compras diseñadas para favorecer proveedores previamente escogidos. La corrupción no desaparece sustituyendo personas; desaparece cuando el sistema vuelve peligroso intentar apropiarse del Estado.
La transparencia que incomoda es precisamente la que Honduras necesita. Es la que muestra contratos antes de que explote un escándalo, identifica al verdadero dueño de una empresa, revela el patrimonio de quienes toman decisiones, protege a quien denuncia además de permite investigar incluso al funcionario más poderoso. Si la administración Asfura quiere diferenciarse de gobiernos anteriores, ese será el terreno donde tendrá que hacerlo. No mediante otro discurso anticorrupción, sino mediante un Estado donde ocultar un lempira resulte más difícil que encontrarlo.
Casa Presidencial ha puesto la palabra transparencia sobre la mesa. Ahora debe aceptar todo lo que esa palabra implica: datos abiertos, organismos fuertes, prensa incómoda, auditorías independientes, contratos rastreables, funcionarios fiscalizables además de una respuesta clara sobre la CICIH. Mientras ese mecanismo internacional continúe sin un cronograma público preciso, cada nueva declaración sobre lucha anticorrupción llegará acompañada por la misma pregunta. Si el Gobierno está dispuesto a que lo vigilen de verdad, ¿por qué todavía Honduras no conoce exactamente cómo piensa abrirle la puerta a una CICIH independiente?. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com