Donald Trump privilegió su promesa de campaña frente a su alianza estratégica con Nayib Bukele, y desde hoy canceló la aplicación del TPS que protegía a 200.000 salvadoreños que actualmente viven en Estados Unidos.
Como sucedió con Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua, la administración republicana canceló un derecho excepcional que fue creado en 1990, diseñado por el senador demócrata Edward Kennedy y promulgado por George H. W. Bush.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) era un permiso de trabajo y la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia, por citar ejemplos históricos que justificaron su vigencia en el tiempo.
El Salvador desde 1991, y Honduras a partir de 1998, son casos emblemáticos en la aplicación del TPS. Este recurso legal no concede la residencia o la ciudadanía, y si el TPS caduca, los beneficiarios vuelven a un status irregular y están sujetos a una eventual deportación.
Es lo que podría suceder con los 200.000 salvadoreños que perdieron su TPS.
“El Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal. Durante demasiado tiempo, se ha permitido que el TPS funcione como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”, aseguró Chandler Rebel, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, miles de refugiados de 17 países eran protegidos por el TPS. Ahora sólo quedaron de tres: Ucrania, Líbano y Sudan.
Estados Unidos aún no informó oficialmente cómo los salvadoreños pueden regresar a su país. Se conoce que hoy caducó el TPS, pero todavía no hay un comunicado de la administración republicana que permita discernir en qué plazo se tienen que ir para evitar su deportación.
A la incertidumbre respecto al regreso, se suma que los salvadoreños ya sin TPS aún no saben cómo resolver la situación de sus hijos, que nacieron en Estados Unidos y tienen la nacionalidad.
Más de 150.000 niños con ciudadanía estadounidense tienen al menos un familiar salvadoreño que estaba protegido por el TPS. Ellos no pueden ser deportados -si sus padres-, pero la situación legal que empieza a regir hoy, significa que miles de familias quedan al borde de la desintegración.
Cerca de 152,000 salvadoreños que estaban amparados por el Estatus de Protección Temporal trabajaban en la construcción, el mantenimiento de edificios, el transporte, la manufactura y los servicios de comida.
Al año, después del pago de impuestos, los salvadoreños protegidos por el TPS, generaban USD 5,400 millones anuales de contribución económica neta en Estados Unidos.
Esos aportes económicos, a medida que los salvadoreños abandonen Estados Unidos, se perderán para siempre.
Pero el problema no es sólo para Estados Unidos: los trabajadores que estaban en el régimen del TPS aportan todavía millones de dólares a la economía de El Salvador a través de las remesas familiares.
Los cálculos oficiales establecen que las remesas familiares representan entre el 24% y el 26% del Producto Interno Bruto (PIB), y una reducción abrupta complicará las economías familiares y aumentaría -de manera geométrica- la pobreza estructural en El Salvador.
En Washington asumen que El Salvador, como Honduras y Haití, iniciarán negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para acceder a líneas de crédito de emergencia destinadas a contener los efectos económicos negativos causados por la cancelación del TPS.
Y otra vez dependerá de Trump: Estados Unidos controla políticamente los directorios del FMI y el BM, y los fondos serían necesarios para evitar una profunsa crisis regional causada por la derogación del TPS. Con información de Infobae