Puerto Cortés, Honduras.- En medio del proceso crucial de elección de los integrantes del Tribunal Supremo de Cuentas (TSC), el exvicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Yllescas Medina, ha manifestado su preocupación y ha enfatizado la necesidad imperiosa de que este proceso se rija por la legalidad y la legitimidad.
En una declaración emitida desde su oficina en la San Pedro Sula, Yllescas Medina señaló que el correcto funcionamiento de las instituciones gubernamentales es fundamental para la salud democrática de un país.
Subrayó la importancia de que la selección de los miembros del TSC se realice apegada a los principios legales establecidos en la Constitución y la normativa pertinente.
«La elección del Tribunal Supremo de Cuentas no solo debe ser legal, sino también legítima, de manera que se genere confianza en la imparcialidad y transparencia de este órgano fiscalizador», expresó Yllescas Medina.
Asimismo, hizo hincapié en que la transparencia en cada etapa del proceso de selección, desde la convocatoria hasta la designación final, es esencial para salvaguardar la integridad de las instituciones y asegurar su capacidad para llevar a cabo una fiscalización efectiva.
El exvicepresidente del Congreso Nacional también hizo un llamado a los diferentes actores políticos y sociales a comprometerse con un proceso que refleje la voluntad de la ley y los más altos estándares de legitimidad, lo que contribuirá a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por el correcto uso de los recursos públicos.
En tiempos de escrutinio público y creciente demanda por transparencia, Yllescas Medina enfatizó que este proceso de elección del TSC representa una oportunidad crucial para demostrar el compromiso del país con el Estado de Derecho y el fortalecimiento de sus instituciones.
El exvicepresidente concluyó su declaración instando a que cada fase de esta selección sea un reflejo fiel de la legalidad y la legitimidad, con el objetivo de consolidar la confianza en el sistema democrático y en las instituciones encargadas de velar por la correcta gestión de los recursos públicos.