La reforma obligará a los partidos a mostrar si buscan mayor legitimidad electoral o si el temor a perder ventajas políticas terminará imponiéndose sobre una discusión de interés nacional.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Congreso Nacional se encuentra ante una reforma que puede poner al descubierto las contradicciones más profundas de la clase política hondureña: mientras los partidos hablan de fortalecer la democracia, deberán decidir si aceptan un sistema que obligaría al próximo presidente a conquistar un respaldo ciudadano más amplio.
La propuesta de una segunda vuelta electoral requiere 86 votos, una cifra que somete a las bancadas a una presión inmediata. Ningún partido podrá aprobarla solo, pero tampoco podrá rechazarla sin enfrentar preguntas sobre las razones políticas que existen detrás de su posición.
El debate amenaza con encender una confrontación dentro del Poder Legislativo porque la reforma no altera un procedimiento secundario. Cambia la ruta para conquistar la Presidencia de Honduras.
El Congreso deberá responder si está dispuesto a modificar las reglas del poder o si utilizará la falta de consensos para mantener intacto un sistema electoral conveniente para las estructuras tradicionales.
La pregunta que incomoda a los diputados
¿Qué partido estaría dispuesto a competir en una segunda ronda sin saber anticipadamente si resultará beneficiado?
Esa interrogante atraviesa todo el debate.
La segunda vuelta obligaría a los candidatos a alcanzar un porcentaje mínimo en la primera elección. Cuando ninguno lo consiga, los dos aspirantes más votados pasarían a una votación definitiva.
El mecanismo podría otorgar mayor respaldo electoral al ganador, pero también cambiaría las estrategias, alianzas y posibilidades de los partidos.
Una organización que encabece la primera ronda podría perder en la segunda. Una candidatura colocada en segundo lugar podría construir una coalición suficientemente amplia para conquistar la Presidencia.
La incertidumbre es precisamente lo que hace incómoda la reforma para las cúpulas partidarias. Nadie puede garantizar cuál será el resultado político de modificar las reglas.
El Congreso deberá decidir si legisla pensando en la estabilidad democrática o en las posibilidades electorales de quienes actualmente dominan las bancadas.
Democracia en los discursos, resistencia en las decisiones
Los partidos hondureños suelen presentar la democracia como una prioridad. Sin embargo, la verdadera prueba aparece cuando deben aprobar reglas que limitan su margen de control.
La segunda vuelta podría exigir mayor legitimidad al ganador, pero también demandaría una elección adicional, más financiamiento y nuevas responsabilidades para los organismos electorales.
Esos costos deben ser calculados y explicados.
También deben discutirse los beneficios institucionales, la representación del presidente electo y el impacto de una mayoría ciudadana más amplia sobre la gobernabilidad.
El Congreso no puede seleccionar únicamente los argumentos que favorezcan la posición de cada bancada. Tiene la obligación de exponer los costos, beneficios, riesgos y alternativas de la reforma.
Si los diputados reducen el debate a consignas partidarias, quedará claro que la discusión democrática es utilizada como instrumento de conveniencia.
El refugio de la falta de consenso
La ausencia de acuerdos puede convertirse en la salida más cómoda para el Congreso.
Ninguna bancada tendría que asumir directamente la responsabilidad de rechazar la reforma. Bastaría con asegurar que no existen los 86 votos necesarios.
Ese argumento podría cerrar la discusión sin identificar quién bloqueó los consensos, qué condiciones fueron planteadas o cuáles partidos abandonaron las negociaciones.
La falta de votos no ocurre de manera espontánea. Es el resultado de decisiones políticas.
Por eso, cualquier negociación sobre la segunda vuelta debe ser pública. La ciudadanía necesita conocer las propuestas discutidas, las posiciones de las bancadas y los argumentos que impidan alcanzar un acuerdo.
Un Congreso que oculta esa información no construye consenso: administra el silencio.
No más reformas electorales entre sombras
Las reglas para elegir al presidente no pueden negociarse únicamente entre dirigentes políticos.
La reforma deberá incluir a especialistas, organismos electorales, sociedad civil, partidos y sectores ciudadanos. También necesitará suficiente anticipación para evitar cambios improvisados cerca de una elección.
El porcentaje necesario para ganar en primera ronda deberá estar claramente establecido.
También deberán definirse los plazos de una segunda elección, el financiamiento, la propaganda política, la transmisión de resultados, la participación de los observadores y la resolución de impugnaciones.
Cada vacío normativo podría convertirse en una nueva fuente de conflicto.
Pero la complejidad de la reforma no debe ser utilizada como excusa para paralizarla. El Congreso dispone de facultades, recursos y comisiones para analizar propuestas de esta naturaleza.
Si no existe avance, la ciudadanía podrá preguntarse si el problema es técnico o si simplemente falta voluntad política.
Diputados deberán votar frente al país
La segunda vuelta no debería quedar atrapada indefinidamente en comisiones legislativas.
La propuesta deberá llegar al pleno para que los diputados voten de manera pública y permitan a los electores conocer sus posiciones.
La transparencia individual es indispensable.
Cada legislador representa a ciudadanos, no únicamente a la dirigencia de su partido. Por ello, tendrá que explicar si respalda la reforma, si propone cambios o si considera que Honduras debe mantener el sistema actual.
La ausencia, la abstención o el silencio también constituyen decisiones políticas.
El Congreso no puede exigir respeto institucional mientras sus integrantes evitan pronunciarse sobre reformas fundamentales.
El temor a perder privilegios políticos
La segunda vuelta podría alterar ventajas construidas durante años por los partidos tradicionales.
Obligaría a negociar con nuevos sectores, ampliaría el peso de las fuerzas minoritarias y convertiría el respaldo de los electores independientes en un factor decisivo.
También impediría que algunas candidaturas dependan únicamente de la división del voto contrario.
Por eso, cualquier resistencia deberá ser examinada con atención.
Oponerse a la segunda vuelta no constituye, por sí mismo, una conducta antidemocrática. Existen argumentos legítimos relacionados con los costos, la polarización o la prolongación de las campañas.
Lo cuestionable sería rechazarla sin debate, impedir que llegue al pleno o esconder intereses partidarios detrás de argumentos técnicos incompletos.
La responsabilidad del Congreso consiste en discutir todas las posiciones y decidir frente a la nación.
La legitimidad legislativa entra en zona de peligro
El Congreso Nacional podría salir fortalecido si conduce el debate con transparencia, presenta estudios técnicos y permite una votación pública.
También podría profundizar su desgaste si transforma la iniciativa en una moneda de intercambio político.
Una reforma diseñada para favorecer temporalmente a determinados sectores sería peligrosa. Un bloqueo diseñado para proteger ventajas actuales sería igualmente cuestionable.
La ciudadanía deberá observar quién impulsa reglas permanentes y quién calcula únicamente el resultado de la próxima elección.
Si los diputados no alcanzan los 86 votos, tendrán que explicar por qué. Si ni siquiera intentan construirlos, el fracaso será todavía más grave.
La incapacidad de debatir una reforma electoral demostraría que el Congreso puede aprobar decisiones sobre numerosos asuntos, pero se paraliza cuando debe modificar las reglas que determinan quién llega al poder.
Congreso frente a su propio juicio político
La segunda vuelta electoral se convertirá en un juicio público sobre el comportamiento del Poder Legislativo.
No será un proceso judicial ni una condena anticipada. Será una evaluación ciudadana sobre la coherencia de los diputados, la transparencia de las bancadas y su disposición para enfrentar reformas que incomodan al sistema político.
El Congreso puede evitar una crisis si abre la discusión, explica cada escenario y permite que la votación defina el futuro de la propuesta.
Pero si esconde el debate, dilata la decisión o permite que el proyecto muera sin responsables, enviará un mensaje devastador: que cambiar las reglas democráticas es imposible cuando esas reglas afectan los intereses de quienes deben aprobarlas.
Los 86 votos serán el punto de quiebre.
Alcanzarlos requerirá capacidad de diálogo. No buscarlos revelaría que la segunda vuelta nunca fue rechazada por falta de viabilidad, sino por falta de voluntad para enfrentar una reforma que puede redistribuir el poder político en Honduras. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com