La CNBS perfila nuevas reglas para fintech, criptomonedas, pasarelas de pago, crédito digital y finanzas abiertas, mientras el país busca modernizar su sistema financiero sin debilitar la protección ciudadana.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Honduras atraviesa una transformación silenciosa, pero profunda, en la manera de ahorrar, solicitar crédito, transferir dinero, pagar compras, recibir remesas y utilizar los servicios bancarios. El crecimiento de las plataformas fintech, las billeteras electrónicas, los códigos QR y las aplicaciones financieras está obligando al país a construir un marco regulatorio capaz de acompañar la innovación sin abrir espacios a fraudes, abusos, lavado de activos o pérdida de confianza.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) reconoce que el mercado hondureño se encuentra en una etapa de ampliación del perímetro regulatorio. Esto significa que los nuevos actores digitales, aunque no sean bancos tradicionales, comenzarán a enfrentar mayores obligaciones de registro, control, supervisión, seguridad tecnológica y protección del usuario.
De acuerdo con información presentada por el Departamento de Competencia e Innovación Financiera, durante los últimos siete años la CNBS ha atendido a más de 120 iniciativas fintech con diferentes grados de desarrollo. Al primer semestre de 2026, el ecosistema nacional estaba compuesto por 68 fintech, de las cuales 37 se encontraban en operaciones y 31 permanecían sin operar, ya fuera en etapa de idea, prototipo, preparación para lanzamiento o retiro.
El dato revela que la innovación financiera dejó de ser una promesa distante. Ya forma parte del mercado hondureño, aunque su crecimiento todavía plantea una pregunta central: ¿puede Honduras modernizar sus finanzas sin dejar desprotegido al ciudadano?
Un ecosistema fintech que crece fuera de la banca tradicional
El concepto fintech abarca la innovación financiera impulsada por tecnología y nuevos modelos de negocio. Dentro de este ecosistema aparecen empresas de pagos, proveedores tecnológicos, plataformas de crédito, servicios vinculados con activos virtuales, crowdfunding, firma electrónica, insurtech y soluciones de identificación digital.
Según la caracterización presentada, los servicios de pagos y transferencias representan la mayor proporción del ecosistema fintech nacional. También destacan los proveedores de tecnología, los servicios relacionados con activos virtuales y las plataformas de crédito digital.
Actualmente, entre las fintech que ya operan en Honduras se encuentran empresas vinculadas con soluciones tecnológicas, proveedores de servicios de pago electrónico, dinero electrónico, crédito digital, insurtech, crowdfunding y servicios de activos virtuales.
Desde 2020, parte del sector se encuentra organizado en la Asociación Fintech de Honduras, cuyos afiliados superan las 30 instituciones en distintas líneas de negocio. El gremio participa en la Mesa de Innovación Financiera, un espacio coordinado por autoridades públicas para analizar propuestas, impulsar diálogo técnico y explorar posibles reformas.
Sin embargo, pertenecer a un ecosistema innovador no convierte automáticamente a una empresa en banco, institución financiera o entidad autorizada para captar dinero del público. Esa diferencia será decisiva para determinar quién puede prestar, almacenar fondos, procesar pagos o administrar información financiera.
Honduras entra en una fase de mayor regulación digital
La postura institucional frente a la innovación financiera suele avanzar en cuatro etapas: observar, evaluar, ampliar la regulación y, finalmente, aplicar normas adaptadas a cada modelo de negocio.
La CNBS sostiene que Honduras se encuentra transitando hacia la tercera fase: ampliar el perímetro regulatorio.
Esto implica que nuevos participantes del mercado financiero y de pagos podrían quedar sujetos a reglas más claras, especialmente en áreas como dinero electrónico, plataformas digitales, pasarelas de pago y activos virtuales.
El proceso regulatorio estará conectado con la actualización de los marcos legales vigentes, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 y el cumplimiento de estándares internacionales destinados a proteger la integridad del sistema ante riesgos derivados de la transformación tecnológica.
Entre los marcos próximos anunciados figuran la supervisión de pasarelas o agregadores de pago y la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, empresas dedicadas a actividades relacionadas con criptomonedas.
También permanecen en análisis temas como las finanzas abiertas, el crowdfunding y el crédito digital.
Criptomonedas bajo una nueva mirada regulatoria
El mercado de criptomonedas es uno de los puntos más sensibles dentro de la transformación financiera hondureña.
Las autoridades diferencian entre el dinero fiduciario, el dinero electrónico, las monedas virtuales y las criptomonedas. El lempira, el dólar y otras monedas oficiales son emitidos por bancos centrales. El dinero electrónico representa digitalmente moneda de curso legal y cuenta con respaldo financiero. Las criptomonedas, en cambio, son activos virtuales de emisión privada, protegidos mediante criptografía y, generalmente, sin un emisor centralizado.
También existen las denominadas stablecoins, activos virtuales diseñados para mantener un valor vinculado a monedas como el dólar o el euro. Debido a su menor volatilidad, suelen utilizarse con mayor frecuencia para pagos o transferencias internacionales.
Pese a ello, las criptomonedas no cuentan con reconocimiento general como moneda de curso legal en Honduras. El Banco Central ha advertido que no garantiza, supervisa ni protege las operaciones realizadas con estos activos.
Por su parte, la Circular 003/2024 de la CNBS comunicó a las instituciones supervisadas que tienen prohibido mantener, invertir, intermediar u operar con criptomonedas, criptoactivos, monedas virtuales o instrumentos similares no autorizados por el Banco Central de Honduras.
Esto no significa que el uso particular de criptomonedas esté prohibido en el país, sino que quienes participan lo hacen asumiendo riesgos que no se encuentran cubiertos por la protección financiera tradicional.
La agenda regulatoria se intensificará ante la evaluación mutua que Honduras iniciará con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en agosto de 2026, según la exposición institucional. En ese proceso se analizará la existencia y efectividad de un régimen aplicable a los proveedores de activos virtuales.
También se anticipan reformas a la legislación contra el lavado de dinero para incorporar disposiciones relacionadas con activos virtuales, gestión de riesgos, identificación de usuarios, reportes y controles contra el financiamiento del terrorismo.
Dinero electrónico no es lo mismo que criptomoneda
Una de las confusiones más frecuentes entre los usuarios es considerar que toda billetera digital funciona con criptomonedas.
El dinero electrónico que circula en Honduras no está basado en blockchain. Se trata de valor monetario almacenado en billeteras digitales, respaldado por fondos reales y convertible a efectivo.
Puede ser ofrecido por instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito o Instituciones no Bancarias de Dinero Electrónico, conocidas como INDEL.
Estas entidades permiten enviar y recibir transferencias a través de dispositivos electrónicos. Además, deben cumplir exigencias de capital, seguridad, identificación de usuarios y protección de fondos.
Las INDEL requieren autorización, están sujetas a supervisión de la CNBS y pueden almacenar dinero electrónico en billeteras. Las pasarelas de pago, en contraste, no almacenan recursos del usuario: facilitan el procesamiento de pagos con tarjetas en comercios físicos o digitales.
Esta diferencia es clave, porque determina el nivel de responsabilidad regulatoria, la capacidad para manejar fondos y las obligaciones frente al consumidor.
Pasarelas de pago entran en el radar de la CNBS
Las Entidades Proveedoras de Servicios de Pagos Electrónicos, conocidas como EPSPE, permiten que empresas y comercios acepten pagos con tarjetas de crédito, débito o recargables mediante enlaces, aplicaciones y plataformas digitales.
El Banco Central mantiene un registro especial para estas entidades. En la presentación se indicó que existen 12 sociedades inscritas.
Las pasarelas pueden operar bajo dos modelos. En el esquema no agregador, el comercio recibe inmediatamente los fondos. En el modelo agregador, la EPSPE recibe temporalmente los pagos autorizados y posteriormente los distribuye entre sus comercios afiliados.
La CNBS trabaja en lineamientos para las instituciones supervisadas que contraten estos servicios. Las reglas incluirían requisitos mínimos de contratación, controles de seguridad, protección de datos, publicidad y prevención del lavado de activos.
La importancia de esta regulación aumenta a medida que más hondureños realizan compras por internet, solicitan servicios mediante aplicaciones o pagan utilizando enlaces enviados por comercios.
Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay no almacenan dinero
Las billeteras como Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay funcionan como agregadores de tarjetas. Permiten vincular tarjetas autorizadas por bancos y utilizarlas mediante teléfonos o relojes inteligentes.
Estas plataformas no captan dinero, no almacenan dinero electrónico y no son INDEL. Por esa razón, no requieren una regulación financiera directa como la aplicable a una entidad que recibe fondos del público.
Su función consiste en almacenar credenciales de pago y facilitar transacciones utilizando tecnologías como NFC.
Entre sus principales mecanismos de seguridad figura la tokenización, que sustituye los datos reales de la tarjeta por códigos alternativos. También requieren autenticación biométrica, huella digital, reconocimiento facial, contraseña o doble factor de autenticación.
Para el usuario, esto significa mayor comodidad, pero también la obligación de proteger su dispositivo, utilizar contraseñas seguras y evitar compartir códigos de verificación.
Códigos QR avanzan como herramienta de inclusión financiera
Los pagos mediante códigos QR se presentan como una alternativa para reducir el uso de efectivo y facilitar transferencias entre instituciones.
Los códigos pueden ser generados por instituciones financieras habilitadas para participar en el sistema ACH Pronto, permitiendo que comercios y ciudadanos reciban pagos de usuarios de diferentes bancos.
Según la información presentada, estas operaciones son gratuitas para usuarios en transferencias de hasta L2,500, interoperables entre instituciones y protegidas mediante cifrado.
El flujo comienza con la generación del código por el banco del comercio. El cliente lo escanea, su institución procesa la orden y los fondos son transferidos mediante ACH Pronto al banco receptor.
Este modelo podría facilitar la digitalización de pequeños negocios, emprendedores y comercios que todavía dependen principalmente del efectivo.
Crédito digital crece sin convertirse en banca
Otra tendencia es la aparición de plataformas que ofrecen préstamos completamente en línea.
Estas empresas no son necesariamente instituciones financieras. En muchos casos operan como prestamistas no bancarios jurídicos, utilizando aplicaciones o plataformas electrónicas para evaluar solicitudes, aprobar créditos y recibir pagos.
Según el esquema presentado, deben inscribirse en el Registro de Prestamistas No Bancarios ante el Servicio de Administración de Rentas y registrarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera como actividades y profesiones no financieras designadas.
Entre los modelos emergentes aparecen las plataformas de préstamos con fondos propios, el financiamiento entre particulares y el esquema “compra ahora, paga después”, conocido como BNPL.
Estos servicios pueden ampliar el acceso al crédito, pero también exigen transparencia en tasas, cargos, plazos, manejo de datos personales y mecanismos de cobro.
Finanzas abiertas cambiarían el control de los datos
Las finanzas abiertas permitirían que un usuario autorice el intercambio seguro de su información entre bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, plataformas de inversión y otros proveedores.
El sistema funcionaría mediante APIs, herramientas tecnológicas que permiten conectar instituciones y compartir datos bajo autorización.
El objetivo es que el ciudadano tenga mayor control de su información y pueda acceder a productos personalizados, mejores evaluaciones de riesgo y mayor competencia entre proveedores.
Sin embargo, el modelo exige reglas robustas sobre consentimiento, privacidad, ciberseguridad, acceso, transferencia, monitoreo y actualización de datos.
El usuario debe seguir siendo dueño de la decisión: qué información comparte, con quién la comparte y durante cuánto tiempo.
Crowdfunding y bancos digitales buscan espacio legal
El financiamiento colectivo o crowdfunding permite que varios inversionistas aporten recursos para desarrollar proyectos, empresas o iniciativas.
Puede funcionar mediante capital, deuda, préstamos, inversiones inmobiliarias, copropiedad, donaciones o recompensas.
Entre sus beneficios figuran mayores oportunidades para las mipymes, nuevas fuentes de financiamiento y mayor competencia. Sus principales desafíos son la falta de regulación específica, la educación financiera y la necesidad de plataformas tecnológicas seguras.
En cuanto a los bancos digitales, la legislación hondureña todavía no contempla expresamente la figura de los neobancos o challenger banks.
Aunque una institución pueda ofrecer servicios completamente digitales, la normativa exige domicilio físico, procedimientos de constitución, autorización y cumplimiento de las leyes financieras y comerciales vigentes.
Esto significa que un banco digital no puede operar en Honduras únicamente mediante una aplicación sin cumplir los requisitos aplicables al sistema bancario tradicional.
La regulación busca sostener la confianza
La transformación financiera abre oportunidades para reducir costos, ampliar el crédito, impulsar a las mipymes, mejorar los pagos y acercar servicios a comunidades históricamente excluidas.
Pero también introduce riesgos relacionados con fraude, ciberseguridad, sobreendeudamiento, uso indebido de información, lavado de activos y empresas digitales que podrían presentarse como instituciones financieras sin estar autorizadas.
El desafío de la CNBS será equilibrar innovación, competencia y protección ciudadana. Las empresas tendrán que demostrar que sus modelos son seguros, transparentes y sostenibles. Los usuarios, por su parte, deberán verificar quién supervisa cada plataforma, qué protección existe para su dinero y qué condiciones aceptan antes de contratar.
La digitalización financiera ya no es un escenario futuro. Está ocurriendo ahora. Honduras deberá decidir no solo qué tecnologías permitirá, sino bajo qué reglas operarán, quién responderá cuando algo falle y cómo se protegerá al ciudadano dentro de una economía cada vez más conectada. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com