El Congreso convocará a autoridades municipales, ministros y organismos internacionales para atender los daños productivos y construir una política pública con alcance de tres años.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Los 75 municipios hondureños bajo alerta amarilla por la sequía recibirán anticipadamente más de 1,100 millones de lempiras en transferencias, mientras el Congreso Nacional prepara una reunión con sus alcaldes para coordinar la respuesta institucional ante la emergencia.
Los fondos corresponden a las transferencias del tercer trimestre y serán adelantados por el Gobierno a las municipalidades afectadas. La medida se anuncia en medio de pérdidas de cultivos, muerte de ganado y crecientes dificultades para las comunidades ubicadas principalmente en el Corredor Seco.
Alcaldes y ministros serán convocados por el Congreso
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este lunes que buscará reunir a los alcaldes de los 75 municipios para analizar el impacto de la falta de lluvias sobre la producción, el abastecimiento de alimentos y las necesidades locales.
La propuesta presentada durante la sesión legislativa contempla la participación de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), los jefes de bancada, las comisiones legislativas de Agricultura y Seguridad Alimentaria y la junta directiva del Congreso.
También serían convocados representantes de Finanzas, Copeco, Sedesol y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), instituciones con responsabilidades vinculadas a la disponibilidad de recursos, la atención de emergencias, el apoyo social y la actividad productiva.
“Estaríamos invitando a una reunión a los 75 alcaldes, a la Amhon, jefes de bancada, comisiones de agricultura y seguridad alimentaria, directiva del Congreso Nacional, ministros de Finanzas, Copeco, Sedesol y SAG”, declaró Zambrano.
Buscan una política pública para tres años
El titular del Legislativo propuso que al encuentro se incorporen organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La convocatoria también alcanzaría al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El objetivo, según Zambrano, es coordinar acciones entre el Gobierno y las municipalidades y establecer una política pública para enfrentar el problema durante los próximos tres años.
El planteamiento reúne en una misma mesa a gobiernos locales, instituciones del Ejecutivo, fuerzas políticas y entidades internacionales. La agenda estará determinada por el impacto que la prolongada sequía ya provoca en la agricultura, la ganadería y la disponibilidad de alimentos.
Alertas alcanzan a 124 municipios
La clasificación oficial mantiene a 75 municipios en alerta amarilla, la mayoría situados en el Corredor Seco. Otros 49 municipios se encuentran bajo alerta verde debido a los efectos relacionados con el fenómeno de El Niño.
En conjunto, las alertas comprenden a 124 municipios con diferentes niveles de afectación y riesgo. En las zonas más golpeadas, la ausencia prolongada de lluvias ha provocado daños en los cultivos y la muerte de ganado, afectando directamente las fuentes de producción de las comunidades.
La emergencia también alcanza al Distrito Central, donde persiste una situación crítica por la disminución de las reservas utilizadas para el abastecimiento de agua potable. Esta reducción añade presión sobre una población que enfrenta dificultades para acceder a un servicio esencial.
El adelanto de las transferencias permitirá a las 75 municipalidades disponer antes de recursos ya contemplados para el tercer trimestre. La reunión anunciada por el Congreso deberá definir cómo se articularán esos fondos con las acciones del Gobierno y el posible respaldo de los organismos internacionales.
La sequía exige una respuesta nacional que atienda las pérdidas actuales y prepare a los municipios frente a la continuidad del fenómeno. El resultado de la convocatoria será decisivo para establecer prioridades y convertir la coordinación institucional en apoyo efectivo para las comunidades afectadas. —Redacción Laura V.