Las autoridades de los tres poderes del Estado anunciaron la ejecución de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. El nuevo escenario coloca a la Fiscalía, los tribunales y los cuerpos de seguridad ante la responsabilidad de aplicar las disposiciones conforme a la Constitución y las leyes.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La publicación del Decreto Legislativo 258-2026 en el Diario Oficial La Gaceta abrió una nueva fase en el marco jurídico hondureño para combatir las asociaciones terroristas, maras, pandillas y otras estructuras criminales.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) confirmó la entrada en vigor de las reformas y anunció su aplicación durante una comparecencia desarrollada en Casa Presidencial.
La reunión congregó a representantes del Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el sistema penitenciario.
La decisión establece una responsabilidad compartida entre las instituciones, aunque cada organismo deberá actuar dentro de sus atribuciones legales.
Un nuevo marco jurídico para enfrentar el crimen organizado
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la publicación de las reformas y reconoció el respaldo del presidente Nasry Asfura y de los diputados que participaron en su aprobación.
La normativa modifica disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal con el propósito de fortalecer la persecución de estructuras criminales.
El alcance de estas modificaciones deberá analizarse a partir del texto íntegro publicado en La Gaceta, especialmente en lo relativo a las facultades de investigación, las medidas procesales y las consecuencias penales.
La vigencia de una disposición obliga a los operadores de justicia a examinar su aplicación en cada expediente, considerando las circunstancias del caso y las garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico.
Fiscalía y Poder Judicial ante responsabilidades diferenciadas
El fiscal general, Pablo Emilio Reyes, manifestó que el Ministerio Público asumirá la dirección y coordinación de las investigaciones relacionadas con los delitos comprendidos en la reforma.
Esta función será determinante para que las operaciones de seguridad puedan convertirse en procesos judiciales sustentados en evidencias y elementos probatorios.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, recordó que la función de los servidores judiciales consiste en aplicar la ley dentro de las competencias del Poder Judicial.
Su intervención puso de relieve la importancia de la independencia de los órganos jurisdiccionales y de la aplicación de las normas vigentes.
En ese contexto, el resultado de la reforma no dependerá exclusivamente de las capturas, sino también de la calidad de las investigaciones, la presentación de pruebas y las resoluciones judiciales.
Coordinación operativa y control institucional
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, informó sobre las acciones del Ejecutivo para dotar de herramientas tecnológicas y equipos tácticos a las instituciones encargadas de la seguridad.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, reafirmó la disposición de los cuerpos policiales para trabajar junto con las Fuerzas Armadas.
A su vez, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, sostuvo que las nuevas disposiciones permitirán fortalecer la respuesta institucional contra las organizaciones criminales.
El general Héctor Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto, confirmó que las Fuerzas Armadas apoyarán las operaciones cuando sean requeridas, en el marco de lo establecido por el artículo 272 de la Constitución.
En la reunión también participaron autoridades de la Dirección Nacional Contra el Crimen y del Instituto Nacional Penitenciario, responsables de áreas relevantes para la ejecución de las políticas de seguridad y el control penitenciario.
La evaluación deberá superar los anuncios oficiales
La entrada en vigor del Decreto 258-2026 representa un cambio normativo cuya implementación requerirá coordinación, recursos, capacitación y mecanismos de supervisión.
Entre los aspectos que merecerán seguimiento están la legalidad de los procedimientos policiales, la solidez de las investigaciones fiscales, la independencia judicial y las condiciones del sistema penitenciario.
También será necesario conocer los resultados de las operaciones y determinar si las nuevas herramientas contribuyen a mejorar los indicadores de seguridad.
La aplicación de la ley debe avanzar junto con la protección de los derechos fundamentales. El desafío institucional consiste en combatir la criminalidad con eficacia, sin debilitar las garantías que sostienen el Estado de derecho. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com