El Decreto Legislativo 258-2026 entró en vigencia y el Congreso Nacional anuncia respaldo a las instituciones responsables de la seguridad, la investigación y la persecución penal.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La entrada en vigencia del Decreto Legislativo 258-2026 marca el comienzo de una nueva fase en la estrategia de seguridad del Gobierno hondureño, según afirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Tras participar en una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), desarrollada en Casa Presidencial, el titular del Poder Legislativo destacó la importancia de fortalecer las capacidades jurídicas y operativas de las instituciones encargadas de enfrentar la delincuencia.
Zambrano sostuvo que la coordinación entre los poderes del Estado y los organismos de seguridad será determinante para avanzar en la recuperación del control territorial y garantizar mayor tranquilidad a la población.
Coordinación interinstitucional como eje de la estrategia
Durante sus declaraciones, Zambrano reconoció el trabajo del presidente Nasry Asfura por impulsar reformas orientadas a combatir las organizaciones criminales.
El legislador señaló que la nueva normativa proporciona herramientas adicionales a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Agencia Nacional contra el Crimen.
A su criterio, la voluntad política y las decisiones legislativas deben acompañarse de una actuación coordinada entre las instituciones responsables de prevenir, investigar y perseguir los delitos.
Asimismo, adelantó que el Congreso continuará evaluando nuevas iniciativas legales para respaldar a los operadores de justicia.
Decreto 258-2026 establece medidas contra estructuras criminales
Entre los alcances que Zambrano atribuyó a las reformas figura la posibilidad de efectuar allanamientos en sectores identificados como territorios de operación de grupos criminales, sin orden judicial y bajo acompañamiento del Ministerio Público.
El presidente del Legislativo también explicó que determinadas detenciones permitirán disponer de hasta 48 horas para presentar los respectivos requerimientos fiscales.
Otro elemento mencionado es la utilización de tatuajes relacionados con organizaciones criminales como prueba ante los tribunales.
Estas medidas forman parte del conjunto de disposiciones que, según Zambrano, buscan facilitar las actuaciones de los organismos de seguridad y justicia.
Su aplicación deberá desarrollarse conforme al marco legal vigente, con garantías procesales y respeto a los derechos fundamentales.
Penas severas y transformación del sistema penitenciario
El titular del Congreso también se refirió a las sanciones contempladas para quienes encabecen o integren estructuras criminales que utilicen menores de edad.
Según sus declaraciones, las condenas podrán alcanzar un mínimo de 40 años o la privación de libertad de por vida.
En cuanto al sistema penitenciario, afirmó que se están fortaleciendo los mecanismos de control para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros de reclusión.
Zambrano describió un régimen de máxima seguridad para personas privadas de libertad por delitos de terrorismo, con 23 horas y media de confinamiento y 30 minutos destinados a realizar ejercicios.
También mencionó restricciones de visitas y de contacto físico con familiares y abogados, conforme al régimen que describió.
El Estado enfrenta el reto de garantizar seguridad y legalidad
El presidente del Congreso manifestó que el Poder Legislativo continuará respaldando a las instituciones encargadas de proteger a la población y garantizar el cumplimiento de la ley.
También expresó que los funcionarios policiales y militares necesitan respaldo institucional y condiciones de seguridad para desarrollar sus responsabilidades.
La nueva etapa plantea un doble desafío para el Estado hondureño: mejorar la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales y garantizar que cada actuación se encuentre respaldada por procedimientos legales y controles institucionales.
La publicación de las reformas constituye el punto de partida, pero su impacto deberá medirse mediante resultados comprobables, investigaciones efectivas, procesos judiciales y una reducción real de la violencia.
La ciudadanía y los órganos de control tendrán un papel fundamental en la vigilancia de la aplicación del Decreto 258-2026 y en la evaluación de sus resultados. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com