Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — La decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) de mantener el plazo de 15 días para el pago del recibo de luz ha encendido alarma entre miles de hogares hondureños, sectores productivos, comerciantes, así como usuarios que advierten un nuevo golpe al bolsillo en medio de una economía marcada por inflación, desempleo, deuda familiar, alto costo de vida.
El gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, confirmó tras una reunión con diputados del Congreso Nacional, representantes de la Secretaría de Energía, además de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que por ahora no existe ninguna modificación oficial respecto al polémico esquema de cobro.
El funcionario sostuvo que la estatal enfrenta una situación financiera delicada, marcada por graves problemas de liquidez, situación que obliga a reforzar mecanismos inmediatos para garantizar ingresos constantes dentro del sistema energético nacional.
“La ENEE atraviesa problemas graves. El flujo de caja resulta vital para sostener operaciones, compras energéticas, mantenimiento técnico, compromisos financieros”, expresó Peña Panting durante comparecencia pública.
La medida ha provocado una intensa ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos ciudadanos cuestionan si las familias tendrán capacidad real para cumplir con pagos en períodos más reducidos. La preocupación crece especialmente entre trabajadores informales, jubilados, emprendedores, así como sectores vulnerables que dependen de ingresos limitados.
Peña Panting aclaró que el retorno al esquema histórico de 15 días no representa aumento tarifario ni doble facturación mensual. Según explicó, el usuario continuará realizando un único pago normal, aunque dentro de un margen más corto.
“Ningún consumidor pagará más dinero. No existen dos cobros mensuales; únicamente menos tiempo disponible”, afirmó.
El titular de la estatal recordó que el mecanismo anterior predominó durante décadas en Honduras, mientras la ampliación temporal aplicada entre octubre de 2025 hasta marzo de 2026 respondió a circunstancias excepcionales.
Dentro del encuentro político-técnico también participaron diputados que analizan posibles alternativas para reducir el impacto social generado por la medida. Entre ellos destacó el parlamentario Mario Pérez, quien señaló que la caída del flujo financiero ha debilitado severamente las operaciones internas de la empresa estatal.
Pérez cuestionó además la ampliación aprobada durante el período electoral anterior, asegurando que dicha acción tuvo motivaciones políticas sin medir consecuencias económicas reales sobre la institución energética.
“Se aprobó en tiempos electorales, buscando simpatía popular, sin evaluar el daño financiero posterior”, expresó el congresista.
La controversia continúa creciendo debido a que miles de ciudadanos consideran que el nuevo escenario podría incrementar mora, reconexiones, sanciones, cortes eléctricos, especialmente dentro de zonas urbanas populares donde el ingreso económico apenas alcanza para alimentación, transporte, salud, vivienda. Redacción Wendoly V.