El gerente Guillermo Peña Panting plantea que el Congreso Nacional será fundamental para reorganizar la estatal y desarrollar licitaciones de largo plazo. La sociedad deberá vigilar que las medidas fortalezcan la institución pública y no sirvan para transferir sus operaciones a intereses particulares.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — La Empresa Nacional de Energía Eléctrica enfrenta una crisis que requiere reformas financieras, administrativas, técnicas, regulatorias y operativas, pero las medidas no deberían conducir automáticamente a la privatización de activos, la tercerización de funciones estratégicas o la aplicación de aumentos abruptos contra los consumidores.
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, reconoció que los problemas acumulados por la estatal no podrán resolverse mediante una sola acción y afirmó que el Congreso Nacional desempeñará un papel esencial.
“Vamos a tener que hacer múltiples reformas. El Congreso Nacional es una parte esencial de todo el mecanismo; no puede ser una sola vez, hay que seguir interactuando y entender que es un problema de país”, declaró.
El funcionario indicó que permanece a la espera del avance de las reformas energéticas en el Poder Legislativo. Según explicó, su aprobación permitiría comenzar el reordenamiento de la empresa y desarrollar licitaciones de largo plazo.
Las declaraciones confirman que la nueva administración buscará apoyo legislativo, pero todavía no detallan cuáles leyes serían modificadas, cuánto costarán las medidas ni qué participación tendría el sector privado.
Tampoco se ha explicado públicamente si las reformas contemplarán concesiones, alianzas público-privadas, tercerización de servicios, cambios laborales, ajustes adicionales a las tarifas o transferencias de activos.
La ausencia de esos detalles obliga a reclamar información antes de que los proyectos sean sometidos a votación.
Un problema estructural y no únicamente financiero
La ENEE no enfrenta solamente falta de dinero. La crisis también está relacionada con pérdidas de energía, redes deterioradas, mora, dificultades de facturación, obligaciones con generadores, dependencia de combustibles, insuficiencia de inversión y debilidades administrativas.
El Fondo Monetario Internacional señaló en su informe de junio de 2026 que las pérdidas eléctricas permanecían como uno de los principales factores de las dificultades financieras de la estatal.
El organismo estableció metas que proyectaban pérdidas de 33.2 % para junio y 32.7 % para septiembre de 2026. A mediano plazo, la estrategia contemplaba una reducción aproximada de 11 puntos porcentuales durante cuatro años.
El mismo informe mencionó acciones como medidores inteligentes en zonas con pérdidas elevadas, vigilancia de consumidores medianos y grandes, normalización de conexiones irregulares, controles de facturación y fortalecimiento de las operaciones de campo.
Asimismo, registró la integración de las unidades de distribución de la ENEE en un solo modelo operativo, con el objetivo de fortalecer la coordinación, la planificación, los sistemas de información, la cobranza y la supervisión financiera.
Estas medidas representan una ruta de saneamiento interno. Su ejecución no exige necesariamente transferir la empresa a operadores privados.
Pérdidas técnicas y no técnicas
Una política seria debe distinguir entre pérdidas técnicas y no técnicas.
Las pérdidas técnicas ocurren durante el transporte y distribución de la electricidad. Aumentan cuando existen transformadores antiguos, redes sobrecargadas, líneas extensas, conexiones deficientes o falta de mantenimiento.
Su reducción necesita inversión física: nuevos transformadores, conductores adecuados, subestaciones, sistemas de compensación, mantenimiento y equipos de control.
Las pérdidas no técnicas corresponden a energía consumida que no se factura o cobra correctamente. Pueden originarse en conexiones ilegales, manipulación de medidores, errores administrativos, bases de datos desactualizadas, lecturas incorrectas o fraude organizado.
Estas pérdidas demandan controles tecnológicos, inspecciones, actualización de usuarios, medición confiable y aplicación de la ley.
No es correcto atribuir todo el problema a las comunidades pobres. Los operativos también deben revisar a grandes consumidores, industrias, comercios, instituciones y urbanizaciones.
¿Qué significaría una privatización encubierta?
La privatización no siempre ocurre mediante la venta completa de una empresa. También puede avanzar gradualmente cuando se concesionan sus funciones principales, se entregan activos, se terceriza la cobranza o se deja a la institución pública únicamente con deudas y obligaciones sociales.
Por esa razón, el Gobierno deberá explicar si las licitaciones de largo plazo anunciadas por Peña Panting estarán destinadas a comprar energía, construir infraestructura, adquirir tecnología o delegar operaciones.
Cada modalidad tiene implicaciones diferentes.
Contratar una obra mediante competencia pública no equivale a privatizar. Pero conceder durante décadas una actividad estratégica, garantizar utilidades privadas con recursos públicos o transferir activos sin valoración independiente sí puede reducir el control estatal.
Toda contratación debe someterse a criterios de necesidad, competencia, precio, calidad, duración, supervisión y reversibilidad.
El peligro de aprovechar la emergencia
La crisis tampoco debe utilizarse para aplicar una terapia económica de shock.
Una doctrina del shock contra la ENEE podría incluir reformas aprobadas de manera acelerada, aumentos tarifarios abruptos, eliminación de subsidios sin protección alternativa, despidos colectivos, venta de activos o contratos prolongados negociados sin suficiente información.
La urgencia no puede sustituir la planificación.
Las medidas deben ejecutarse por etapas, con metas públicas y evaluaciones periódicas. Cuando una decisión afecte las tarifas, el empleo o el patrimonio de la estatal, deberá contar con estudios independientes y consultas ciudadanas.
La crisis es razón para actuar con rapidez, pero no para actuar en secreto.
Una política tarifaria justa
El informe del FMI registró un aumento tarifario de 10.49 % para el segundo trimestre de 2026, la expiración de un subsidio general de 4.11 % y una mayor focalización de la energía gratuita.
La sostenibilidad financiera exige que la tarifa responda a criterios técnicos, pero los usuarios no deberían pagar indefinidamente por las pérdidas, la mora, la falta de inversión o contratos desventajosos.
Antes de promover nuevos ajustes, la ENEE debería publicar un balance sobre:
- Reducción efectiva de pérdidas.
- Recuperación de mora.
- Cobro a grandes consumidores.
- Pagos pendientes de instituciones públicas.
- Costos de compra de energía.
- Gastos administrativos.
- Deuda acumulada.
- Contrataciones externas.
- Resultados de los programas de medición.
- Inversiones ejecutadas en las redes.
La tarifa debe acompañarse de protección focalizada para familias vulnerables y mecanismos de reclamación accesibles.
Plan integral de recuperación de la ENEE
Las reformas deberían organizarse alrededor de cinco áreas: operación, finanzas, infraestructura, gobernanza y protección social.
Operación y reducción de pérdidas
La ENEE necesita un mapa público de pérdidas por circuito y región. Cada unidad debe tener metas trimestrales y responsables identificados.
La instalación de medidores inteligentes debería priorizar zonas con pérdidas comprobadas y grandes consumidores, acompañada de protocolos de verificación.
También se requiere regularizar conexiones, actualizar la base de usuarios, mejorar la lectura, detectar alteraciones y fortalecer la capacidad de inspección.
Finanzas y recuperación de ingresos
La empresa debe mejorar su sistema de facturación, cobrar la mora y establecer acuerdos para consumidores vulnerables.
Los grandes morosos, públicos o privados, no pueden recibir tratamientos privilegiados. La ENEE debe informar cuánto se le debe, quiénes concentran la mora y cuáles medidas adoptará para recuperar esos recursos.
También debe crear un plan público para pagar atrasos con generadores y refinanciar obligaciones costosas.
La emisión de nueva deuda solo tendrá sentido si forma parte de un programa que corrija las causas de la crisis. Endeudarse para cubrir pérdidas sin reducirlas prolongaría el problema.
Infraestructura y expansión
La modernización de transmisión y distribución debe considerarse una prioridad nacional.
Se necesitan inversiones en líneas, subestaciones, transformadores, sistemas de control y mantenimiento preventivo. Los proyectos deben responder a planes de expansión aprobados y no a intereses políticos o empresariales particulares.
El Banco Mundial ha advertido sobre la necesidad de fortalecer las redes y ampliar la cobertura. Un documento divulgado en 2025 calculó que aproximadamente 1.4 millones de personas aún no tenían electricidad en Honduras.
La Mosquitia y otras regiones rurales presentan los mayores desafíos. Por ello, la reforma no puede limitarse a mejorar los balances financieros en las ciudades; debe cerrar la brecha territorial.
Generación y seguridad energética
Honduras necesita suficiente energía y potencia firme para evitar racionamientos y sostener el crecimiento económico.
Las nuevas licitaciones deben basarse en proyecciones de demanda y considerar precio, confiabilidad, impacto ambiental y exposición cambiaria.
La matriz debe diversificarse mediante fuentes renovables, almacenamiento y tecnologías capaces de responder cuando la generación solar, eólica o hidroeléctrica disminuya.
También debe fortalecerse la capacidad pública de generación. La ENEE no puede convertirse exclusivamente en compradora de energía producida por terceros.
Gobernanza y transparencia
Las reformas deben exigir estados financieros actualizados, auditorías externas, inventarios confiables y adopción de normas contables reconocidas.
Toda compra o contrato debería publicarse en formatos accesibles, incluyendo:
- Bases de licitación.
- Empresas participantes.
- Ofertas económicas.
- Evaluaciones técnicas.
- Contratos definitivos.
- Modificaciones y adendas.
- Garantías otorgadas.
- Beneficiarios finales.
- Informes de cumplimiento.
- Sanciones aplicadas.
La transparencia permitirá determinar si las contrataciones producen ahorro o únicamente trasladan recursos públicos a intermediarios.
La tercerización debe ser excepcional
La contratación externa no debe adoptarse como solución automática.
Antes de tercerizar una función, la ENEE tendría que comparar el costo y desempeño de tres alternativas: ejecución interna, fortalecimiento del personal propio y contratación externa.
Si una empresa privada es contratada, el convenio deberá contener metas, plazos, indicadores, sanciones, auditorías y cláusulas de terminación.
La institución pública también debe conservar el control de sus datos, sistemas, infraestructura y decisiones estratégicas. No puede volverse dependiente de un contratista para facturar, medir, cobrar o administrar información esencial.
La experiencia y capacidad desarrolladas con recursos públicos deben permanecer en la ENEE.
Profesionalización y protección laboral
El rescate demanda personal competente y una política laboral responsable.
La empresa debe eliminar el reparto partidario de puestos, establecer concursos, evaluar el desempeño y capacitar a técnicos y trabajadores.
Al mismo tiempo, las reformas no deberían utilizarse como excusa para despidos indiscriminados. Primero debe revisarse la estructura organizativa, identificar duplicidades, aprovechar la experiencia interna y ofrecer procesos transparentes de reorganización.
Los trabajadores pueden ser aliados de la recuperación si conocen las metas y participan en la detección de fallas.
El papel del Congreso Nacional
El Congreso tendrá la responsabilidad de impedir que una reforma necesaria termine convertida en una autorización abierta para privatizar o concesionar.
Antes de aprobar modificaciones deberá solicitar:
- Diagnóstico financiero actualizado.
- Inventario completo de activos.
- Lista de contratos y obligaciones.
- Proyección tarifaria.
- Plan de inversión.
- Impacto laboral.
- Impacto social y ambiental.
- Fuentes de financiamiento.
- Identificación de potenciales beneficiarios.
- Opinión de la CREE y del Operador del Sistema.
- Auditorías independientes.
- Cronograma de resultados.
Las audiencias legislativas deberían transmitirse y permitir la participación de consumidores, trabajadores, empresarios, universidades, colegios profesionales y comunidades.
Cualquier autorización para disponer de activos deberá indicar con precisión el bien, valor, finalidad, duración y mecanismo de control. El Congreso no debe entregar un cheque en blanco.
Recuperar la confianza pública
La ENEE no resolverá su crisis únicamente con dinero. También necesita recuperar credibilidad.
Los usuarios deben saber que sus pagos se utilizan para mejorar el servicio. Los trabajadores deben conocer las metas. Los proveedores necesitan reglas claras. Los inversionistas requieren seguridad jurídica y el país necesita comprobar que los recursos públicos no se desvían.
La confianza comenzará cuando la empresa publique resultados mensuales sobre pérdidas, mora, interrupciones, inversión y calidad del servicio.
Las metas deben ser comprensibles y comparables. Si una región reduce pérdidas, debe explicarse cómo. Si un programa fracasa, debe corregirse y establecer responsabilidades.
Una ENEE pública también puede ser eficiente
Privatización no es sinónimo de eficiencia y propiedad pública no debe ser sinónimo de desorden.
Una ENEE pública puede ser eficiente si cuenta con administración profesional, planificación, tecnología, inversión, auditoría, autonomía técnica y control ciudadano.
La participación privada puede contribuir como proveedor, constructor o generador sometido a reglas transparentes. Lo que no debe ocurrir es que sustituya al Estado, capture el regulador o reciba garantías que eliminen sus riesgos mientras las pérdidas recaen sobre la población.
Honduras necesita reformar la ENEE para garantizar energía confiable, ampliar la cobertura y ordenar las finanzas públicas.
El Gobierno tiene la obligación de aclarar el alcance de cada reforma. El Congreso debe fiscalizar. La CREE debe regular con independencia. Los consumidores y trabajadores deben participar.
Rescatar la ENEE es un objetivo nacional. Privatizarla, fragmentarla o someter al pueblo a una doctrina de shock no puede presentarse como la única solución. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com