Gabriela Castellanos alerta por amenazas a garantías ciudadanasGabriela Castellanos alerta por amenazas a garantías ciudadanas

Las observaciones de Naciones Unidas y los cuestionamientos de Gabriela Castellanos ponen bajo escrutinio los mecanismos de detención, allanamiento y prisión preventiva incorporados a la legislación contra el crimen organizado.

Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Las recientes modificaciones al sistema penal hondureño han abierto una discusión de fondo sobre la constitucionalidad, proporcionalidad y aplicación de las facultades otorgadas a las autoridades para enfrentar a las organizaciones criminales.

La controversia adquirió mayor dimensión tras el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que identificó riesgos relevantes para las garantías judiciales y solicitó al Estado revisar determinadas disposiciones.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, respaldó la necesidad de atender las observaciones internacionales y alertó sobre las consecuencias institucionales que podrían derivarse de una legislación aplicada sin salvaguardas suficientes.

El cuestionamiento comprende los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, mencionados en la comunicación de Naciones Unidas, y alcanza aspectos centrales del funcionamiento de la justicia penal.

Las reformas contenidas en el Decreto 258-2026 fueron aprobadas el 27 de octubre y entraron en vigor el 3 de noviembre de 2026. Su aplicación se desarrolla en medio de las demandas ciudadanas de mayor eficacia contra la extorsión y la criminalidad organizada.

Naciones Unidas identifica riesgos en el diseño de las reformas

El pronunciamiento de la OACNUDH, emitido el 12 de noviembre, reconoce la responsabilidad estatal de proteger a la población frente a organizaciones dedicadas a la violencia, la extorsión y otras actividades delictivas.

No obstante, el organismo advierte que esa obligación debe cumplirse respetando los compromisos internacionales asumidos por Honduras y las salvaguardas que protegen los derechos fundamentales.

Entre las preocupaciones figura la ampliación del delito de asociación terrorista y la utilización de características externas, incluidos tatuajes y símbolos, como elementos asociados a la identificación de integrantes de estructuras criminales.

La oficina de Naciones Unidas considera especialmente delicado que la responsabilidad penal pueda sustentarse de manera exclusiva o predominante en factores relacionados con la apariencia personal.

El señalamiento tiene implicaciones para los principios de legalidad, presunción de inocencia y responsabilidad individual, que exigen investigar hechos atribuibles a una persona y acreditar su participación mediante pruebas.

Aunque la normativa contempla valoraciones técnicas de determinados indicios, el debate se concentra en los límites de su utilización y en la posibilidad de que originen decisiones discriminatorias o insuficientemente fundamentadas.

Castellanos profundizó esa preocupación al señalar que las disposiciones podrían fomentar una interpretación de la conducta penal basada en características individuales, en lugar de concentrarse en hechos ilícitos debidamente demostrados.

Allanamientos, prisión preventiva y plazos de detención

Otro componente observado por Naciones Unidas corresponde a la autorización de determinados allanamientos sin la posibilidad de una revisión judicial posterior, situación que podría debilitar las garantías relacionadas con la inviolabilidad del domicilio.

La discusión jurídica no consiste únicamente en determinar si un operativo permite capturar sospechosos, sino en establecer qué autoridades autorizan, supervisan y verifican la legalidad de las actuaciones.

El control judicial representa una salvaguarda destinada a impedir que las facultades de investigación se ejerzan sin justificación suficiente o fuera de los límites establecidos por la legislación.

La OACNUDH también cuestionó disposiciones de prisión preventiva obligatoria bajo un régimen de máxima seguridad, particularmente cuando impiden una evaluación individualizada de la necesidad y proporcionalidad de la medida.

La prisión preventiva es una medida cautelar y no una condena. Su imposición debe diferenciarse del cumplimiento de una pena dictada después de un procedimiento judicial.

Asimismo, la ampliación del plazo de detención hasta 48 horas antes de la comparecencia correspondiente plantea interrogantes sobre la asistencia legal oportuna, el registro de personas detenidas y la supervisión de las autoridades.

Castellanos considera que la combinación de facultades ampliadas y controles insuficientes podría generar un escenario de mayor discrecionalidad institucional.

Las observaciones constituyen advertencias preventivas y no equivalen, por sí mismas, a una sentencia judicial que declare la inconstitucionalidad de las disposiciones.

Congreso Nacional defiende la estrategia contra el crimen

La posición del Poder Legislativo mantiene un enfoque diferente. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha sostenido que las reformas buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir maras, pandillas y otras organizaciones criminales.

El titular legislativo afirma que las disposiciones están orientadas a proteger a las víctimas y ha defendido su compatibilidad con el debido proceso y los derechos humanos.

Además, expresó que el Congreso analizará las recomendaciones de la OACNUDH y manifestó apertura a considerar aquellas que contribuyan a fortalecer la persecución criminal.

Esta respuesta introduce un elemento central en el seguimiento institucional: determinar si la disposición a examinar las observaciones internacionales se traducirá en modificaciones normativas o mecanismos adicionales de control.

El combate al crimen organizado requiere coordinación entre Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y demás instituciones competentes, pero esa coordinación también debe preservar sus atribuciones y responsabilidades diferenciadas.

Para la seguridad jurídica resulta indispensable que los procedimientos sean claros, que las competencias estén delimitadas y que existan mecanismos efectivos para impugnar actuaciones contrarias a derecho.

La discusión, por tanto, no se agota en respaldar o rechazar el endurecimiento penal. También exige evaluar si las herramientas aprobadas son constitucionalmente adecuadas y operativamente eficaces.

Defensa Pública, Conadeh y Conaprev ante un desafío institucional

La OACNUDH recomendó implementar un Registro Central de Personas Detenidas, de acceso público, con el propósito de fortalecer la trazabilidad de las privaciones de libertad y prevenir situaciones de desaparición o detención arbitraria.

También propuso garantizar la supervisión efectiva de las investigaciones por parte del Ministerio Público y fortalecer las condiciones para el acceso a defensa legal y recursos de protección judicial.

Entre las entidades que requieren recursos y capacidades suficientes mencionó a la Defensa Pública, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Estas recomendaciones colocan el énfasis en la capacidad del sistema institucional para detectar irregularidades, corregir abusos y establecer responsabilidades cuando las autoridades incumplan sus obligaciones.

Castellanos ha insistido en que una política criminal eficaz debe avanzar hacia el desmantelamiento de las estructuras financieras del delito, la investigación de las redes de corrupción y la reducción de la impunidad.

La fortaleza de una legislación contra el crimen organizado no puede evaluarse exclusivamente por la severidad de sus disposiciones, sino también por su aplicación legal, sus resultados y la protección de las víctimas.

Para la ciudadanía, el resultado de esta discusión será determinante en asuntos concretos: protección frente a la extorsión, procedimientos de detención legítimos, derecho a la defensa y acceso efectivo a la justicia.

Corresponde ahora a las instituciones responsables examinar los señalamientos, explicar los mecanismos de control y publicar información suficiente para evaluar los efectos de las nuevas disposiciones.

HonduPrensa.Com mantendrá su atención sobre las decisiones del Congreso Nacional, la actuación de los operadores de justicia y las medidas adoptadas para garantizar que la seguridad pública avance dentro del Estado de derecho. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com

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