Mientras Tomás Zambrano impulsa reformas contra el crimen organizado, los antecedentes de corrupción vinculados a la Tasa de Seguridad y las cuestionadas prioridades presupuestarias abren un debate que no puede resolverse únicamente con nuevas leyes.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Congreso Nacional de Honduras ha colocado las reformas penales y el endurecimiento de las medidas contra las organizaciones criminales entre sus principales prioridades. Sin embargo, existe una discusión que amenaza con quedar relegada: el manejo histórico de los recursos del TASÓN y la efectividad del millonario financiamiento destinado a garantizar la seguridad ciudadana.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, ha defendido la necesidad de aprobar nuevas herramientas jurídicas para enfrentar a las estructuras criminales. Pero esa posición también obliga a examinar los resultados de las instituciones que durante años han recibido recursos públicos para combatir la delincuencia.
¿De qué sirve anunciar penas más severas si el sistema de justicia continúa enfrentando debilidades investigativas y los antecedentes de corrupción en el manejo de la Tasa de Seguridad siguen exigiendo respuestas institucionales?
La verdadera discusión no debería limitarse a cuánto tiempo permanecerán los delincuentes en prisión, sino a la capacidad del Estado para identificarlos, detenerlos legalmente, investigar sus estructuras financieras y conseguir condenas mediante pruebas sólidas.
El TASÓN y los millones que exigen explicaciones
La Tasa de Seguridad Poblacional, conocida como TASÓN, fue concebida para financiar el fortalecimiento de las instituciones responsables de proteger a los hondureños. Sin embargo, su historia incluye investigaciones de corrupción, contrataciones cuestionadas y demandas de transparencia sobre el destino de sus recursos.
Uno de los antecedentes más contundentes proviene de Estados Unidos. En diciembre de 2025, el empresario Carl Alan Zaglin fue condenado a ocho años de prisión por participar en una trama de sobornos destinada a conseguir contratos financiados por el fideicomiso de la Tasa de Seguridad de Honduras.
El Departamento de Justicia estadounidense estableció que, entre 2015 y 2019, la operación involucró pagos ilícitos a funcionarios hondureños relacionados con contratos superiores a diez millones de dólares para suministros destinados a instituciones policiales.
La corrupción en aquellas contrataciones no constituye una simple sospecha periodística: existe una condena judicial documentada en Estados Unidos.
Esto no implica responsabilidad del actual Congreso por hechos ocurridos durante administraciones anteriores. Pero sí plantea una responsabilidad institucional presente: conocer qué medidas se adoptaron para impedir que la administración de los fondos de seguridad vuelva a reproducir mecanismos de corrupción.
El problema alcanza otra dimensión al recordar la investigación del Consejo Nacional Anticorrupción sobre el avión presidencial. En noviembre de 2022, el CNA documentó desembolsos por aproximadamente 1,077.7 millones de lempiras entre 2014 y 2022, relacionados con adquisición, mantenimiento, infraestructura y otras operaciones.
El organismo denunció presuntas irregularidades y remitió actuaciones al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas. Esos hallazgos requieren distinguir las irregularidades denunciadas de los delitos efectivamente acreditados por los tribunales.
¿Qué ocurrió con esas investigaciones? ¿Qué responsabilidades fueron establecidas? ¿Cuánto dinero se recuperó? ¿Qué controles cambiaron para evitar nuevas irregularidades?
Son preguntas que el Congreso debería incorporar a cualquier debate serio sobre financiamiento de la seguridad nacional.
Más recursos operativos, pero ¿cuánto se invierte en justicia?
Las prioridades presupuestarias de 2026 también merecen una revisión profunda.
Una investigación publicada por EL HERALDO Plus en julio, basada en un análisis de la distribución de la Tasa de Seguridad, identificó asignaciones de 2,900 millones de lempiras para la Secretaría de Seguridad y 1,344 millones para la Secretaría de Defensa.
El mismo análisis reportó 698 millones para el Instituto Nacional Penitenciario, 593 millones destinados al servicio de deuda y apenas nueve millones para el Poder Judicial. El Ministerio Público, por su parte, no recibió asignaciones provenientes de este tributo durante 2025 ni 2026.
La ausencia de recursos del TASÓN para el Ministerio Público no significa que la Fiscalía carezca de financiamiento ordinario. Sin embargo, la distribución revela una diferencia considerable entre el respaldo a instituciones operativas y el financiamiento adicional de órganos responsables de investigar y administrar justicia.
¿Quién decidió que esas eran las prioridades? ¿Qué estudios justifican los montos? ¿Cómo se mide el impacto de cada asignación en la reducción de los delitos?
El fortalecimiento de policías, militares y centros penitenciarios puede formar parte de una estrategia legítima, pero resulta insuficiente si las investigaciones carecen de equipos, especialistas, tecnología y respaldo financiero.
Un sistema penal no se fortalece exclusivamente multiplicando operativos. También necesita fiscales preparados, laboratorios modernos, análisis de evidencia digital y jueces con condiciones adecuadas para resolver expedientes complejos.
El Congreso frente a la verdadera prueba de transparencia
El 12 de octubre de 2026, Tomás Zambrano reiteró su determinación de avanzar con nuevas reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, mientras se esperaba la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
El planteamiento legislativo busca facilitar una respuesta más firme contra el crimen organizado. Sus defensores sostienen que determinadas disposiciones actuales dificultan las operaciones de seguridad y la persecución de estructuras criminales.
Esa posición merece ser examinada junto con los riesgos procesales y constitucionales que podrían surgir al ampliar facultades de detención y allanamiento sin controles adecuados.
Pero existe una discusión igualmente importante: el Congreso debe explicar cómo se relacionarán esas nuevas facultades con la fiscalización del presupuesto, la profesionalización investigativa y los resultados concretos del sistema de justicia.
La transparencia no puede convertirse en un asunto secundario cuando las instituciones solicitan mayores poderes y recursos para intervenir en la vida de los ciudadanos.
Si el Legislativo considera indispensable fortalecer el castigo penal, también tiene la posibilidad de promover mecanismos más estrictos de control sobre adquisiciones, fideicomisos anteriores, obligaciones financieras y ejecución presupuestaria.
Una comisión especial de seguimiento, auditorías independientes y comparecencias públicas permitirían aclarar qué instituciones han recibido fondos, cómo los han ejecutado y qué indicadores de seguridad han mejorado.
La extorsión revela las debilidades del sistema
La extorsión constituye un ejemplo del problema que las reformas deben ayudar a resolver.
Una investigación estadística publicada en julio de 2026, que comparó registros de la Policía Nacional y del Poder Judicial, identificó 7,654 capturas relacionadas con extorsión entre 2022 y 2025, frente a 1,180 resoluciones condenatorias registradas durante ese período.
Las cifras pertenecen a universos procesales diferentes y no deben interpretarse como una tasa exacta de condena por cada detenido. No obstante, evidencian la importancia de conocer la trayectoria judicial de las investigaciones.
Honduras necesita identificar cuántos casos se esclarecen, cuántos llegan a juicio, cuántos concluyen con sentencias firmes y por qué determinadas investigaciones no prosperan.
También requiere perseguir a quienes dirigen las estructuras de extorsión, administrar sistemas de denuncia protegida y detectar el movimiento del dinero que sostiene las actividades criminales.
Capturar únicamente a los encargados de realizar cobros no garantiza desarticular las organizaciones que ordenan las amenazas.
La salida exige auditorías, investigación y resultados
Una estrategia integral contra la inseguridad debería comenzar por revisar la ejecución histórica del TASÓN y transparentar las contrataciones, transferencias y obligaciones financieras correspondientes.
Asimismo, tendría que fortalecer de manera verificable al Ministerio Público, mejorar la coordinación con la Policía Nacional y garantizar recursos para investigación criminal, análisis financiero y protección de testigos.
El sistema penitenciario requiere controles para impedir comunicaciones criminales, así como supervisión de compras, personal y funcionamiento interno. La tecnología debe complementar estas acciones mediante procedimientos legales y verificables.
La prevención tampoco puede abandonarse. El Estado necesita intervenir en comunidades vulnerables al reclutamiento criminal, mejorar las oportunidades juveniles y desarrollar programas de prevención evaluados mediante evidencia.
La reforma penal puede ser una herramienta, pero nunca sustituirá una política pública que ataque simultáneamente la corrupción, la impunidad, las redes financieras y los factores que favorecen la violencia.
El dinero de la seguridad también debe rendir cuentas
El Congreso Nacional tiene la oportunidad de ampliar su agenda de seguridad hacia un aspecto que merece la misma atención que las nuevas sanciones: la supervisión de los recursos que financian al sistema.
No se trata de atribuir automáticamente irregularidades a los actuales diputados ni de desconocer las operaciones legítimas que realizan las instituciones de seguridad.
Se trata de exigir que los antecedentes de corrupción no se repitan y que el dinero público pueda relacionarse con resultados verificables en reducción de homicidios, control de extorsión, esclarecimiento de delitos y protección de víctimas.
La ciudadanía necesita saber cuánto se recauda, cuánto se gasta, cuáles son las prioridades y quién responde cuando las contrataciones o los procedimientos presentan irregularidades.
Las reformas pueden aprobarse en el Congreso, pero la verdadera seguridad se demuestra fuera del hemiciclo.
Por eso, mientras se discuten nuevas herramientas contra el crimen organizado, permanece abierta una exigencia fundamental: que el Legislativo fiscalice los fondos del TASÓN con el mismo rigor que demanda para castigar a quienes delinquen. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com