El expediente por los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá vuelve al centro de la atención: un juez exige precisar contratos, adjudicaciones y funcionarios mientras el TSC revisa 47 contratos y miles de folios.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Los miles de millones comprometidos en tres proyectos hospitalarios vuelven a colocarse bajo el reflector judicial. El Ministerio Público deberá precisar qué contrataciones directas investiga en los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, después de una resolución favorable a un recurso promovido por la defensa del exsecretario de Infraestructura y Transporte Octavio Pineda.
La decisión del Tribunal de Criminalidad Organizada y Corrupción obliga al ente investigador a abandonar cualquier margen de generalidad sobre el objeto de sus diligencias y presentar información específica sobre los contratos que forman parte del expediente.
Deberá detallarse cuáles contrataciones directas están siendo investigadas, cuándo fueron adjudicadas y qué funcionario autorizó cada una.
El dinero público pasa al centro del debate
La orden judicial llega sobre un expediente cuyo peso trasciende la situación individual de un exfuncionario.
En juego se encuentran tres proyectos de infraestructura hospitalaria cuyos presupuestos actualmente reportados suman aproximadamente L7,650 millones al considerar los montos individuales proporcionados para Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.
Las cifras reportadas son de alrededor de L4,402 millones para Santa Bárbara, L1,635 millones para Ocotepeque y L1,613 millones para Salamá, Olancho.
A ello se suma un antecedente que elevó las interrogantes alrededor de las obras: una investigación identificó que el presupuesto conjunto habría pasado de unos L1,874 millones en el diseño original a L7,674 millones.
Ese cambio se produjo después de que los proyectos pasaran de un esquema de cooperación con España a la administración de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
La existencia de cifras diferentes exige una lectura cuidadosa. El Tribunal Superior de Cuentas también ha manejado una estimación preliminar de L4,662.7 millones, pero esa cantidad corresponde a los contratos específicos sometidos a revisión y no necesariamente al costo presupuestado completo de los tres hospitales.
TSC revisa 47 contratos y 29,500 folios
La magnitud documental del proceso refleja la complejidad de la investigación.
El TSC analiza 47 contratos y alrededor de 29,500 folios, con el objetivo de establecer si los pagos efectuados guardan relación con el avance físico real de las obras y si las contrataciones cumplieron los procedimientos legales correspondientes.
Paralelamente, el Ministerio Público desarrolla sus propias diligencias sobre los proyectos.
El 5 de mayo de 2026, el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada y Corrupción ordenó la suspensión inmediata de las obras y el congelamiento de pagos de los tres hospitales mientras avanzaban las investigaciones.
La paralización coloca el expediente frente a dos exigencias públicas simultáneas: esclarecer el manejo de los recursos y definir el futuro de instalaciones sanitarias cuya construcción permanece bajo incertidumbre.
Una audiencia puede redefinir el alcance del caso
Octavio Pineda y su equipo de defensa deberán comparecer a una audiencia ad hoc a las 9:00 de la mañana.
En esa instancia se establecerán los puntos de la investigación y se conocerá, de acuerdo con la información disponible, si el proceso continúa su curso.
Pineda no se había pronunciado sobre la resolución al momento de la información suministrada.
El exsecretario ha expresado recientemente intenciones de convertirse en precandidato presidencial, circunstancia que amplifica el interés político alrededor del caso, aunque la aspiración electoral no constituye por sí misma un elemento probatorio dentro de la investigación.
La pregunta que queda abierta
La resolución favorable a la defensa tampoco significa que las investigaciones hayan concluido ni establece responsabilidad o inocencia respecto de los hechos examinados.
Obliga, en cambio, a precisar el terreno sobre el cual deberá desarrollarse la investigación.
Para el Ministerio Público, el desafío inmediato será explicar con claridad qué contratos están bajo escrutinio y quién tomó las decisiones administrativas correspondientes.
Para el Tribunal Superior de Cuentas, continúa pendiente completar los dictámenes técnicos y financieros sobre una documentación que alcanza decenas de contratos y miles de folios.
Para Honduras, la interrogante es todavía mayor: cómo concluir proyectos hospitalarios de alto costo mientras las autoridades determinan si la contratación, los pagos y la ejecución de las obras se ajustaron a la ley.
La siguiente etapa judicial puede aclarar el alcance del expediente. El destino de los hospitales, en cambio, seguirá dependiendo de las conclusiones técnicas, financieras y legales que produzcan los organismos responsables. —Redacción HonduPrensa.Com