Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El asesor presidencial Marvin Ponce elevó la temperatura política nacional al afirmar que el Gobierno de Nasry Asfura recibió un Estado golpeado por el desorden, el derroche, las deudas, el exceso de personal y decisiones administrativas tomadas al cierre de la administración anterior de Libre.
La acusación instala una crisis directa sobre el manejo del poder público: ¿Libre entregó instituciones ordenadas o dejó una estructura estatal cargada de compromisos, contratos, planillas infladas y gasto difícil de justificar?
Ponce fue frontal. Dijo que organizar el Gobierno “ha costado” porque, según su versión, lo que encontraron fue “terrible”. Su frase más dura comparó el estado de la administración pública con el paso de un terremoto, una imagen que coloca el debate en una zona de alto voltaje político.
El funcionario habló de derroche de dinero, sueldos exagerados, montones de deudas, contratos firmados el 26 de enero e instituciones saturadas de personal. Esa descripción no solo golpea a Libre; también abre una presión inmediata sobre el nuevo Gobierno para demostrar con documentos, auditorías y acciones concretas la magnitud del supuesto desastre heredado.
La denuncia cae en un momento sensible para Honduras, donde la ciudadanía exige respuestas en salud, empleo, seguridad, infraestructura, transparencia y uso correcto de los recursos públicos. En ese contexto, cualquier señal de abuso administrativo se convierte en combustible para la indignación social.
Ponce también afirmó que el presidente Nasry Asfura está trabajando fuerte y que sus ministros tienen la instrucción de rendir más. Ese mensaje busca mostrar un Ejecutivo en modo de emergencia, obligado a ordenar instituciones mientras enfrenta una opinión pública cansada de discursos, promesas y explicaciones sin resultados visibles.
Pero el señalamiento contra Libre no puede quedarse únicamente en una frase explosiva. Si hubo contratos irregulares, deben revisarse. Si existieron planillas excesivas, deben depurarse conforme a ley. Si se comprometieron fondos de forma irresponsable, el país necesita nombres, cifras, expedientes y consecuencias.
La crisis política ahora tiene dos frentes. Por un lado, Libre queda bajo sospecha pública por la forma en que habría dejado el aparato estatal. Por otro, el Gobierno de Asfura queda obligado a probar que no usará la herencia recibida como excusa permanente, sino como punto de partida para una reorganización real.
El presidente ha advertido a su equipo que el tiempo corre rápido y que restan poco más de 44 meses de gestión. Esa frase revela una presión interna evidente: el Gobierno sabe que la ciudadanía no esperará eternamente para ver cambios, especialmente en áreas críticas como la salud, donde miles de hondureños reclaman soluciones urgentes.
El país está ante una advertencia institucional de gran tamaño. Si lo denunciado por Ponce es cierto, Honduras habría recibido un Estado con señales graves de deterioro administrativo. Pero si no se presentan pruebas y decisiones firmes, la denuncia podría diluirse en otro choque político sin resultados.
La ciudadanía no quiere más ruido partidario. Quiere verdad, orden, responsables y recuperación del Estado. El momento exige menos excusas, más transparencia y una respuesta oficial que esté a la altura de la gravedad denunciada. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com