Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La denuncia del exministro José Manuel Matheu cayó como un golpe directo contra la credibilidad del manejo hospitalario en Honduras: tres hospitales públicos habrían sufrido un aumento superior a 200 millones de dólares, una cifra que no solo indigna, sino que obliga a investigar si el país está frente a un escándalo de costos inflados en plena crisis sanitaria.
El señalamiento es explosivo porque involucra obras destinadas a salvar vidas. No se trata de carreteras, oficinas o edificios decorativos. Se trata de hospitales para Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque, regiones donde la población necesita atención médica urgente, no promesas convertidas en contratos confusos.
Según Matheu, el costo original rondaba los 79 millones de dólares, pero luego habría escalado a más de 279 millones de dólares. La diferencia supera los 200 millones de dólares, una cifra que por sí sola coloca el caso en el centro de la tormenta pública.
La pregunta que hoy debe incomodar al poder es una sola: ¿quién permitió semejante salto de costos?
El exministro sostiene que el número de camas no cambió de forma proporcional, lo que vuelve más fuerte la sospecha sobre los nuevos montos. Si la capacidad hospitalaria era prácticamente la misma, el país merece una explicación precisa, técnica y documentada sobre por qué la factura terminó multiplicándose.
El caso se vuelve todavía más grave cuando aparece el antecedente del financiamiento español. Matheu asegura que Honduras tenía acceso a un préstamo con tasa menor al 1 %, condiciones blandas y plazos convenientes. Pero ese camino habría sido abandonado para pasar a una ruta financiera más costosa.
En términos ciudadanos, el mensaje es brutal: se habría dejado pasar dinero barato para terminar enfrentando una cuenta mucho más cara.
Eso no puede quedar en el aire. Eso debe investigarse.
El incremento en los metros cuadrados de construcción es otro punto crítico. Según Matheu, Salamá y Ocotepeque habrían pasado de 9,500 a 36,000 metros cuadrados, mientras Santa Bárbara habría aumentado de 26,000 a 72,000 metros cuadrados. Ese crecimiento descomunal necesita respaldo técnico público, porque en salud cada metro, cada contrato, cada lempira y cada decisión deben justificarse.
La ciudadanía no puede aceptar que proyectos hospitalarios terminen convertidos en un laberinto de cifras. Menos aún cuando el sistema sanitario sigue enfrentando denuncias por falta de medicamentos, precariedad, mora quirúrgica, escasez de personal y pacientes esperando atención digna.
Aquí no basta con defenderse políticamente. No basta con atacar al denunciante. No basta con decir que todo está bien. Las autoridades deben abrir los expedientes, mostrar los contratos, explicar los cambios, publicar los diseños, revelar los costos comparativos y permitir auditorías independientes.
Porque cuando una obra pública se dispara más de 200 millones de dólares, el silencio se vuelve sospechoso.
El país necesita saber si hubo planificación seria o improvisación cara. Si hubo criterios técnicos o decisiones políticas. Si hubo eficiencia o abuso. Si hubo transparencia o una operación financiera que ahora amenaza con convertirse en símbolo de crisis institucional.
Este caso debe ser prioridad para el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura. La salud pública no puede manejarse como secreto de Estado.
Honduras ya no soporta más obras anunciadas con propaganda, encarecidas con excusas y entregadas con retrasos. La población quiere hospitales funcionando, no facturas infladas. Quiere camas disponibles, no cifras sospechosas. Quiere médicos atendiendo, no funcionarios explicando lo inexplicable.
Si los hospitales se construyen con dudas millonarias, la crisis no está en las paredes de la obra, sino en el corazón del Estado. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com