Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Salvador Nasralla elevó el tono contra el sistema electoral hondureño al advertir que millones de ciudadanos no permitirán que los partidos políticos continúen controlando el Consejo Nacional Electoral, una institución que debería garantizar elecciones limpias, no convertirse en territorio de negociación partidaria.
La declaración golpea con fuerza porque llega en un país donde la confianza electoral vive bajo sospecha permanente. Para amplios sectores ciudadanos, el problema no es solo votar; el problema es creer que el voto será respetado por estructuras que muchas veces parecen más cercanas a los partidos que al pueblo.
Nasralla sostuvo que la población ha perdido confianza en el sistema electoral. Su señalamiento apunta contra una clase política que durante años ha prometido transparencia, pero sigue administrando instituciones clave bajo fórmulas de reparto, cuotas, pactos, silencios convenientes y decisiones que alimentan la desconfianza.
El dirigente también cuestionó el gasto público destinado al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral, al considerar que esos recursos podrían atender necesidades urgentes de la población hondureña. El golpe político es claro: mientras el pueblo aprieta el bolsillo, el aparato electoral sigue consumiendo fondos millonarios.
Esa crítica conecta con una realidad dura: familias que no ajustan para comer, jóvenes sin empleo, enfermos sin medicinas, comunidades sin agua, escuelas con carencias y ciudadanos obligados a sobrevivir frente a un Estado que muchas veces parece más eficiente para sostener burocracia que para resolver problemas.
Nasralla planteó cerrar temporalmente el Consejo Nacional Electoral y el TJE, con la posibilidad de reactivarlos en 2028 para organizar las elecciones de 2029. La propuesta no pasará inadvertida, porque desafía directamente la permanencia, el costo y la legitimidad de organismos que deberían estar por encima de toda sospecha.
El dirigente incluso habló de reubicar a los empleados de esas instituciones en otras áreas del Estado, dejando claro que su cuestionamiento no apunta al trabajador común, sino a la estructura política que convierte la institucionalidad electoral en un espacio de control, influencia y poder.
La controversia también se cruza con versiones sobre posibles licencias de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, un tema sensible porque cualquier movimiento dentro del ente electoral ocurre en medio de un ambiente nacional cargado de dudas, cálculo político y exigencia ciudadana de transparencia total.
En el fondo, Nasralla está obligando al país a mirar una pregunta incómoda: ¿quién manda realmente en el CNE de Honduras, el ciudadano que vota o los partidos que negocian cada silla, cada decisión, cada nombramiento y cada equilibrio interno?
La democracia no puede seguir funcionando sobre una base de desconfianza. Si el árbitro electoral es visto como parte del juego partidario, entonces cada elección arranca contaminada, cada resultado queda bajo presión y cada crisis política encuentra terreno fértil para estallar.
El mensaje de Nasralla es confrontativo, pero toca un punto que la ciudadanía comenta en calles, redes sociales, mercados, colonias y espacios públicos: Honduras necesita instituciones electorales que inspiren respeto, no organismos que parezcan diseñados para blindar intereses de élites políticas.
Cierre: El país está frente a una advertencia seria: ningún sistema electoral sobrevive mucho tiempo si el pueblo siente que los partidos controlan al árbitro. La confianza democrática no se exige; se construye con independencia, austeridad, transparencia y respeto al voto. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com