Honduras abre un nuevo capítulo en su sistema eléctrico: el Ejecutivo sancionó una legislación que modifica la estructura de la ENEE, introduce nuevas reglas de mercado y establece protección temporal frente a aumentos tarifarios.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La transformación del sistema eléctrico hondureño dejó de ser solamente una discusión del Congreso Nacional. Con la sanción de la Ley de Justicia Energética por parte del presidente Nasry Asfura, el país avanza hacia una nueva estructura para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y hacia cambios que alcanzarán regulación, tarifas, generación, transmisión, distribución y funcionamiento del mercado. El decreto había recibido 78 votos en el Legislativo el pasado 31 de agosto. Su publicación oficial marcará el siguiente paso para que las nuevas disposiciones puedan comenzar a aplicarse.
La dimensión política de la reforma es considerable, pero su verdadero peso será económico y ciudadano. Millones de usuarios dependen de un sistema eléctrico marcado durante años por pérdidas, dificultades financieras, necesidades de inversión y reclamos relacionados con la calidad del suministro. El nuevo marco intenta modificar parte de esa realidad mediante una reorganización integral. Su efectividad dependerá de que las instituciones conviertan las disposiciones legales en capacidad operativa.
El bolsillo ciudadano queda en el centro
La disposición que tendrá una lectura más inmediata entre los consumidores es el congelamiento temporal de las tarifas eléctricas durante seis meses. El Congreso Nacional confirmó esa protección dentro de la reforma aprobada, mientras la CREE mantiene publicada la estructura tarifaria correspondiente al período iniciado en julio de 2026.
El momento resulta especialmente sensible porque el costo de la electricidad tiene incidencia directa sobre presupuestos familiares, pequeños negocios, industrias y actividades productivas. Una variación tarifaria puede trasladarse desde la factura residencial hasta los costos de producción de bienes y servicios. Por eso, el congelamiento se convierte en uno de los componentes políticamente más visibles de toda la legislación. La atención estará puesta en la manera concreta en que esa disposición será implementada.
La ley también conserva medidas dirigidas a usuarios de menor consumo y contempla tratamientos relacionados con obligaciones de determinadas municipalidades frente a la estatal eléctrica. La legislación, por tanto, no se limita a una transformación corporativa de la ENEE. Tiene efectos potenciales sobre gobiernos locales, consumidores, empresas y agentes que participan dentro del mercado energético.
Una ENEE matriz con funciones separadas
El corazón estructural de la reforma está en la división funcional de las actividades de generación, transmisión y distribución. Estas áreas operarán mediante empresas vinculadas a una ENEE que seguirá funcionando como matriz. El Congreso Nacional informó que la propiedad permanecerá íntegramente bajo control estatal.
La separación pretende ordenar responsabilidades que tradicionalmente han convivido dentro de una estructura altamente integrada. En términos operativos, significa distinguir claramente quién produce la energía, quién administra su transporte mediante las redes de transmisión y quién gestiona su llegada hasta el consumidor final. Esa delimitación puede facilitar medición de resultados, asignación de recursos y responsabilidades administrativas. También exigirá coordinación para evitar que la fragmentación funcional genere nuevas ineficiencias.
El Gobierno sostiene que la reforma busca fortalecer la ENEE y atacar problemas que durante años han comprometido sus finanzas. Uno de ellos son las pérdidas eléctricas. El nuevo marco incorpora herramientas relacionadas con el combate al hurto y a otras pérdidas dentro del sistema, un frente decisivo para cualquier intento de estabilización financiera.
El mercado eléctrico también cambia
La nueva legislación contempla un Operador del Sistema y Mercado, pieza destinada a coordinar funciones fundamentales dentro del despacho energético y del funcionamiento del mercado. A esto se suman mecanismos de contratación y licitación para nuevas compras de energía e infraestructura de transmisión. El objetivo es configurar un mercado con responsabilidades más delimitadas, reglas regulatorias actualizadas y espacio para nuevas inversiones.
La entrada de capital hacia generación y transmisión será uno de los puntos que el Gobierno buscará potenciar. Honduras necesita capacidad energética suficiente para atender demanda residencial, comercial e industrial, pero también para competir por nuevas inversiones productivas. Una empresa que evalúa instalar operaciones en el país considera disponibilidad de energía, confiabilidad, precio y previsibilidad regulatoria. Por esa razón, la reforma tendrá implicaciones que van mucho más allá de la ENEE.
Sin embargo, atraer inversión no dependerá exclusivamente de la aprobación de una ley. Los inversionistas observarán cómo se reglamentan las nuevas disposiciones, qué tan transparentes serán los procesos de contratación, cómo operará la regulación y qué capacidad tendrá el Estado para garantizar estabilidad jurídica. La calidad de la implementación será tan importante como el contenido de la reforma.
La publicación abre la prueba definitiva
Después de la sanción presidencial, el decreto debe completar el proceso de publicación oficial en La Gaceta. Esa fase permitirá pasar de la aprobación política hacia la aplicación del nuevo marco.
Asfura reconoció durante la sanción que la reforma no resolverá inmediatamente todos los problemas de la empresa estatal. Esa afirmación coloca la discusión en una dimensión más realista: las pérdidas, la infraestructura, las finanzas y la calidad del servicio no desaparecerán por efecto automático de una legislación. La recuperación exigirá ejecución, inversión, regulación sólida y seguimiento continuo.
Para los hondureños, el éxito de la Ley de Justicia Energética tendrá una medición sencilla pero exigente: recibir energía más estable, enfrentar tarifas previsibles y observar una ENEE financieramente más ordenada. Para el Gobierno, la reforma abre una oportunidad institucional de gran dimensión. También abre una responsabilidad equivalente: demostrar con resultados que la nueva estructura puede funcionar mejor que la anterior. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com