Mientras el Legislativo analiza abrir una nueva fuente de recursos mediante dinero congelado bajo administración de la OABI, las cuentas oficiales revelan un dato imposible de ignorar: la Tasa de Seguridad recaudó L5,457.36 millones durante 2025. La discusión, entonces, no debería comenzar únicamente preguntando dónde conseguir más dinero, sino explicando con precisión qué resultados produjo el que ya pagaron los hondureños.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Congreso Nacional analiza nuevas fórmulas para inyectar recursos a las instituciones encargadas de Seguridad, Defensa e Inteligencia, pero sobre la mesa existe una cifra que eleva la temperatura del debate: solo durante 2025, la Tasa de Seguridad generó L5,457.36 millones para las cuentas públicas hondureñas, según las estadísticas de la Secretaría de Finanzas.
Son más de L5,457 millones en doce meses. Una cantidad suficientemente grande para que cualquier discusión sobre nuevos recursos destinados al combate de la criminalidad esté acompañada de otra discusión igualmente importante: ¿cómo se utilizaron esos fondos, qué instituciones los recibieron, cuánto ejecutaron, qué compraron, qué programas financiaron, cuánto permanece disponible, qué resultados concretos pueden mostrar?
La pregunta no constituye una acusación de desaparición de fondos.
Constituye una exigencia elemental de transparencia.
Porque mientras el Congreso estudia mecanismos para utilizar recursos actualmente congelados en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), el país tiene derecho a conocer la trazabilidad completa de una recaudación multimillonaria que ya existe.
El Tasón produjo L5,457 millones durante 2025
Los números oficiales son contundentes.
Las cuentas financieras de la Administración Central publicadas por SEFIN muestran que la Tasa de Seguridad acumuló L451.20 millones en enero de 2025, alcanzó L2,723.78 millones en junio, llegó a L4,294.66 millones en septiembre, cerrando diciembre con L5,457.36 millones acumulados.
El dato permite dimensionar la magnitud real del denominado popularmente “Tasón”.
No se trata de unos cuantos millones dispersos dentro del aparato estatal. Estamos hablando de una recaudación superior a cinco mil cuatrocientos millones de lempiras en un solo año.
Además, la recaudación continuó durante 2026.
SEFIN reporta que entre enero hasta julio de este año la Tasa de Seguridad había acumulado otros L3,490.61 millones. La información financiera oficial fue actualizada el 1 de octubre de 2026.
La pregunta inevitable adquiere entonces dimensiones mayores:
¿qué está recibiendo Honduras a cambio de esos miles de millones?
Antes de buscar otro dinero, toca enseñar las cuentas
El Congreso Nacional tiene ahora bajo análisis una iniciativa para utilizar recursos congelados administrados por la OABI con la finalidad de fortalecer instituciones de Seguridad, Defensa e Inteligencia.
El presidente de la Comisión de Seguridad legislativa, Marco Paz, explicó que la propuesta busca utilizar dinero procedente de incautaciones para financiar tecnología, logística e implementación, mediante un mecanismo independiente del presupuesto ordinario de esas instituciones.
El planteamiento establece además que, cuando una persona afectada obtenga posteriormente una resolución judicial favorable para recuperar los recursos incautados, la Secretaría de Finanzas funcionaría como aval para restituir el dinero.
Marco Paz también estimó que la Secretaría de Seguridad podría recibir una ampliación adicional ubicada entre L600 millones hasta L800 millones, aunque señaló que se trata de una estimación sobre lo que eventualmente podría solicitarse.
La necesidad de fortalecer las capacidades operativas de las instituciones puede ser materia legítima de debate legislativo.
Pero existe otra obligación igualmente legítima:
rendir cuentas del dinero que ya existe.
Antes de discutir L600 millones, L800 millones o nuevos recursos provenientes de la OABI, el Poder Legislativo puede exigir una radiografía completa sobre los L5,457.36 millones que produjo la Tasa de Seguridad durante 2025.
¿Quién recibió el dinero?
Aquí comienza la parte verdaderamente incómoda del debate.
Una cifra de recaudación, por sí misma, no permite conocer el resultado final del gasto público.
Para que exista verdadera transparencia deben conocerse, de manera consolidada, comprensible para la ciudadanía, al menos varios elementos fundamentales: instituciones beneficiarias, montos asignados, ejecución efectiva, adquisiciones realizadas, contratos pagados, proyectos financiados, saldos pendientes, auditorías disponibles e indicadores que permitan medir resultados.
No basta afirmar que existen recursos para seguridad.
Hay que enseñar cómo caminaron esos recursos desde la recaudación hasta el gasto final.
Esa debería convertirse en una exigencia del propio Congreso Nacional.
Porque el Legislativo no solamente aprueba leyes o discute nuevas fuentes financieras. También tiene una función política de control sobre el uso de los recursos públicos.
El viejo fideicomiso terminó, la tasa siguió generando millones
El debate exige además una precisión histórica importante.
El Decreto Legislativo 66-2022 formó parte del proceso mediante el cual fueron derogados fideicomisos públicos, incluido el esquema vinculado al Fondo de Protección y Seguridad Poblacional. El Tribunal Superior de Cuentas mantiene publicado dicho decreto dentro de su biblioteca jurídica.
Posteriormente, disposiciones presupuestarias oficiales documentaron que existieron saldos provenientes de la liquidación del Fideicomiso de Tasa de Seguridad Poblacional trasladados a la Tesorería General de la República.
Eso cambia incluso la formulación de la pregunta.
Ya no basta con preguntar por una antigua cuenta fiduciaria.
La fiscalización moderna debe seguir el recorrido presupuestario completo.
¿Dónde ingresa actualmente el dinero de la Tasa de Seguridad?
¿Cómo se distribuye?
¿Qué instituciones reciben esos recursos?
¿Qué porcentaje termina ejecutándose?
¿Qué adquisiciones se financian?
¿Cuáles indicadores de seguridad permiten vincular ese gasto con resultados?
Esas preguntas pueden responderse con documentos, liquidaciones presupuestarias, auditorías, contratos e informes de ejecución.
El Congreso tiene capacidad institucional para exigirlos.
Más dinero exige más rendición de cuentas
El planteamiento sobre los recursos de la OABI adquiere todavía mayor relevancia porque involucra dinero que permanece bajo custodia estatal mientras existen procesos jurídicos pendientes.
Reportes publicados esta semana señalan que el Congreso analiza reformas para permitir que determinados activos financieros actualmente incautados puedan emplearse antes de una sentencia definitiva, bajo un mecanismo mediante el cual Finanzas garantizaría una eventual restitución cuando corresponda.
Precisamente por tratarse de una operación institucional delicada, el estándar de transparencia debería ser elevado.
No debería existir un cheque en blanco.
Toda utilización de recursos públicos destinada a Seguridad debe permitir conocer quién decide, cuánto autoriza, quién compra, quién ejecuta, quién supervisa, qué recibe el Estado, cuánto cuesta, cuál fue el resultado.
La pregunta de L5,457 millones
El Congreso puede discutir nuevas fuentes financieras.
Puede evaluar reformas legales.
Puede revisar presupuestos.
Puede estudiar el aprovechamiento de activos administrados por la OABI.
Pero hay una cifra que seguirá colocada frente al pleno mientras avanza esa discusión:
L5,457.36 millones.
Eso produjo la Tasa de Seguridad durante 2025.
Hasta julio de 2026 había producido otros L3,490.61 millones.
Por eso, la discusión pública no debería reducirse a preguntarse de dónde sacar más recursos.
También debe responderse qué ocurrió con los existentes.
No como insinuación.
No como condena anticipada.
Como rendición de cuentas.
El Congreso Nacional tiene ahora la oportunidad de pedir una exposición pública detallada que permita seguir la ruta del dinero desde el momento en que entra a las cuentas estatales hasta su utilización final.
Mientras esa radiografía no sea presentada de manera integral, una pregunta continuará golpeando el centro del debate legislativo:
¿Dónde está reflejado, en obras, equipos, operaciones, prevención, investigación, fortalecimiento institucional e indicadores verificables, el resultado de los miles de millones recaudados por el Tasón?
Si el Estado necesita más dinero para Seguridad, explicar primero qué hizo con el dinero existente no debería ser una incomodidad.
Debería ser una obligación. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com