La especialista sostiene que los operativos policiales continúan siendo indispensables para contener la actuación de grupos relacionados con homicidios, narcotráfico y otras actividades criminales, pero considera que estas acciones deben ir acompañadas por medidas sostenidas de prevención social.

El problema, explicó, surge cuando una organización pierde a uno de sus líderes, pero mantiene intactas las condiciones que facilitan la llegada de nuevos integrantes. En esos casos, el vacío de poder puede convertirse rápidamente en una oportunidad para que otra persona asuma el liderazgo.

Según la académica, esa dinámica puede provocar que Costa Rica permanezca atrapada en un círculo en el que las autoridades capturan cabecillas, mientras nuevas generaciones se incorporan a organizaciones criminales.

“No vamos a detener solamente con presión policial, aumentando las penas o creando más espacios en las cárceles”, sostuvo.

Para Jiménez, uno de los principales desafíos consiste precisamente en evitar que la intervención del Estado ocurra únicamente cuando las estructuras criminales ya se encuentran consolidadas.

Una operación policial puede detener a individuos vinculados con delitos graves y afectar temporalmente el funcionamiento de una organización, pero si permanecen los factores sociales que favorecen el reclutamiento, otros pueden ocupar esas posiciones.

El fenómeno adquiere una dimensión todavía más delicada cuando quienes ingresan a estos grupos son adolescentes y jóvenes.

La criminóloga considera que, más allá de preguntarse quién sustituirá a un determinado líder criminal, el país debe analizar por qué una persona joven estaría dispuesta a asumir ese papel y cuáles factores sociales, familiares o económicos están facilitando esa decisión.

“Si únicamente intervenimos cuando el joven ya forma parte de una organización delictiva, estamos llegando tarde. La prevención tiene que comenzar mucho antes, desde las comunidades, las familias, los centros educativos y las oportunidades que como sociedad seamos capaces de ofrecer”, señaló.

Prevención como parte de la seguridad

La especialista de la UNED explicó que la prevención social de la violencia pretende intervenir antes de que una persona ingrese a estructuras criminales.

Entre las medidas que considera necesarias mencionó el fortalecimiento de la permanencia de niños y adolescentes dentro del sistema educativo, la generación de oportunidades de capacitación y empleo, la recuperación de espacios públicos y la ampliación de alternativas deportivas y culturales.

También destacó la importancia de trabajar directamente con las familias y reforzar la presencia institucional en las comunidades que presentan mayores factores de riesgo.

Otro elemento relevante, indicó, consiste en fortalecer la relación entre las comunidades y los cuerpos policiales para evitar que el concepto de seguridad ciudadana se limite únicamente a responder después de un homicidio, una balacera o el funcionamiento de una estructura criminal.

“De nada valen estas intervenciones si complementariamente no realizamos un trabajo en prevención social. La acción policial es necesaria y tiene una función fundamental, pero mientras la policía interviene sobre las consecuencias del fenómeno criminal, otras instituciones tienen que trabajar para reducir los factores que permiten que ese fenómeno continúe reproduciéndose”, afirmó.

Jiménez recordó además que la seguridad constituye una responsabilidad del Poder Ejecutivo y citó el artículo 140 de la Constitución Política, que establece entre sus obligaciones mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, proteger las libertades públicas y disponer de la Fuerza Pública para preservar el orden y la seguridad.

Sin embargo, advirtió que esa responsabilidad debe contemplarse desde una perspectiva más amplia.

“Pero esa responsabilidad no puede entenderse solamente con más policía o más operativos. También implica trabajar en la prevención social a través de las instituciones ya existentes, pero de forma estratégica, interinstitucional, constante en el tiempo y basada en datos y evidencia”, añadió.

Evitar una nueva generación criminal

Desde la perspectiva de la especialista, los resultados de una estrategia contra el crimen organizado no deberían valorarse únicamente mediante cifras de personas detenidas, armas decomisadas u organizaciones desarticuladas.

También debería medirse la capacidad del país para impedir que otros jóvenes ocupen los espacios que quedan disponibles tras la captura de integrantes de estructuras delictivas.

Para alcanzar ese objetivo, Jiménez considera necesaria una respuesta conjunta entre instituciones educativas, gobiernos locales, organizaciones sociales, comunidades, cuerpos policiales y diferentes entidades públicas.

La prevención social, aclaró, no implica reducir la presencia policial ni restarle importancia a las investigaciones judiciales contra las organizaciones criminales.

“Ambas respuestas deben complementarse”, sostuvo.

“Necesitamos la intervención policial y necesitamos que quienes cometen delitos enfrenten las consecuencias correspondientes, pero también tenemos que impedir que detrás de ellos exista una nueva generación lista para sustituirlos”, agregó.

La criminóloga concluyó que el desafío no consiste únicamente en capturar a quienes actualmente dirigen estructuras criminales, sino también en cerrar el camino para quienes podrían ocupar esos puestos en el futuro.

“Si no hacemos ambas cosas simultáneamente, estaremos atendiendo los efectos de la violencia sin lograr romper el ciclo que la reproduce. La actuación policial, la prevención social, la educación y la participación comunitaria deben formar parte de una respuesta articulada frente a las nuevas dinámicas de la criminalidad”, concluyó. Con información de Infobae

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