Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — Un clima de terror, luto colectivo e indignación nacional sacude al departamento de Colón tras confirmarse la muerte de 19 personas durante una brutal masacre registrada la mañana de este jueves 21 de mayo de 2026 en la comunidad de Rigores, Trujillo, zona marcada durante años por disputas criminales, narcotráfico, tráfico ilegal de tierras, rutas clandestinas e intensas pugnas armadas.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que fiscales, médicos forenses e investigadores criminales mantienen operaciones simultáneas en distintos puntos de la escena, luego del violento ataque perpetrado dentro de una finca de palma africana, hecho que vuelve a colocar a Honduras bajo alarma internacional por la creciente escalada criminal.
Según detalló Mora, un primer equipo realizó el levantamiento legal de 13 cuerpos, mientras otro grupo forense contabilizó seis víctimas adicionales en otra área cercana. La magnitud del crimen ha provocado conmoción entre residentes, familiares e incluso autoridades judiciales, quienes califican el caso como una de las peores matanzas registradas en la región durante los últimos años.
“Dos equipos trabajan en sectores distintos para completar los procedimientos conforme establece la ley”, explicó Mora, al confirmar además que, tras las autopsias preliminares, los cuerpos serán entregados directamente a sus familiares debido a limitaciones logísticas derivadas del contexto de emergencia.
El Ministerio Público reveló mediante comunicado oficial que fiscales especializados, peritos balísticos, medicina forense e investigadores criminales fueron movilizados desde primeras horas del jueves hacia Rigores para desarrollar una operación técnica orientada a reconstruir la secuencia del ataque armado, identificar a los responsables intelectuales, ubicar participantes materiales e iniciar requerimientos fiscales inmediatos.
Sin embargo, las investigaciones enfrentan un obstáculo crítico: cuando las autoridades llegaron a la zona, parte de la escena criminal había sido alterada. Varias víctimas fueron retiradas previamente por supuestos familiares, quienes trasladaron los cadáveres hacia viviendas cercanas, situación que complica la preservación de pruebas científicas, rastros balísticos, huellas, trayectorias e indicios esenciales para el caso.
A pesar de ello, agentes continúan recopilando evidencia clave para determinar cómo ocurrió la emboscada, cuántos atacantes participaron, qué tipo de armamento fue utilizado e incluso si existen vínculos con estructuras criminales organizadas que operan en el litoral atlántico.
Mientras tanto, familiares viven horas devastadoras entre llanto, desesperación e incertidumbre, exigiendo justicia inmediata, capturas rápidas, protección estatal e intervención firme para evitar nuevas tragedias en Colón.
“La Fiscalía reitera que este crimen no quedará en impunidad”, concluyó el comunicado oficial del ente acusador, en medio del creciente clamor ciudadano que exige respuestas concretas frente al deterioro de la seguridad nacional. Redacción Ruth Corrales.