Ministros de 25 países de la Unesco, entre ellos Brasil, el Reino Unido, Egipto y Honduras, firmaron este martes una declaración para impulsar y vigilar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación protegiendo los intereses de los menores y su desarrollo cognitivo y los derechos de los profesores.
En el marco de la Semana del Aprendizaje Digital -que reúne desde hoy y hasta el 11 de septiembre en la sede de la Unesco en París, además de a estos 25 ministros y otros representantes de Gobiernos, a miembros del sector de las telecomunicaciones, expertos educativos, estudiantes y docentes-, los firmantes reconocieron que la IA ya está transformando la educación y que esta puede mejorarla.
Pero también que esos beneficios dependen de una «gobernanza deliberada, apoyo humano y una adecuada preparación», ya que la educación no se ve favorecida «cuando la IA sustituye las relaciones humanas y el juicio humano», y que su implementación es heterogénea, además de subrayar que la mayoría de herramientas actuales no están concebidas con fines formativos.
Por ello, la declaración remarca ocho prioridades de acción comenzando por garantizar «condiciones de interés público» del uso de la IA en la educación, con sistemas supervisables y de datos transferibles, y protegiendo el desarrollo del pensamiento crítico.
Respecto a los docentes, los firmantes se comprometieron a invertir en la formación del profesorado como condición previa a la adopción de la IA.
Las herramientas empleadas deben adecuarse «a la edad y el nivel de desarrollo» de los alumnos, con marcos normativos y análisis empíricos para definir cuándo se usa la IA y de qué manera y con mecanismos para interrumpir su uso si es necesario, además de ser «inclusivas y multilingües» en su diseño.
La batería de compromisos incluye un apunte sobre los costes, al mencionar que evaluará el coste total de propiedad de los útiles de IA antes de su adopción, «incluyendo la conectividad, los dispositivos, la localización, la exposición al riesgo cambiario, la formación del profesorado y el coste de abandonar un sistema».
Se dará, en este sentido, prioridad a la «interoperabilidad y la portabilidad, de modo que podamos cambiar de rumbo si es necesario y cuando sea preciso», precisa el texto.
Y por último la declaración indica que, dado que estos compromisos «dependen de recursos y capacidades distribuidos de forma desigual», los Estados se comprometen a reforzar su capacidad para «evaluar, supervisar y, cuando sea necesario, retirar los sistemas de IA» de los que depende la educación, y se estudiará la posibilidad de poner en común esta capacidad a nivel regional.
«Trabajaremos -recalca el texto- para reforzar la capacidad de regular la IA teniendo en cuenta las necesidades, los idiomas, las culturas y las prioridades educativas locales, de modo que los sistemas educativos conserven una capacidad de acción significativa sobre las tecnologías de las que dependen. Reconocemos que nada de lo anterior es factible cuando la capacidad es limitada o inexistente».
Con este marco de trabajo, los firmantes cierran su declaración pidiendo a los proveedores de sistemas de IA que den información sobre los beneficios y riesgos de sus herramientas antes de su despliegue educativo, que los hagan auditables y que acepten su responsabilidad en caso de que haya prejuicios.
También llaman a la comunidad internacional y a la Unesco a apoyar los sistemas educativos donde estas capacidades están menos desarrolladas, y a la agencia de la ONU le solicitan que programe diálogos globales sobre esta materia y que monitorice cómo la IA está remodelando la educación.
Entre los firmantes de esta declaración también figuran países como Turquía, Países Bajos, Uganda, Emiratos Árabes Unidos o Finlandia. Con información de EFE