Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El caso de los diputados citados por el Ministerio Público abrió un nuevo frente de confrontación política en Honduras, luego de que Luz Angélica Smith defendiera la legalidad de la Comisión Permanente mientras Merary Díaz exigió que los señalados respondan ante la justicia.
Smith, diputada de Libre, negó que las actuaciones realizadas por la Comisión Permanente constituyan delito y afirmó que todo se ejecutó bajo respaldo constitucional. Su postura coloca el caso en el terreno de la disputa política, donde insiste en que existe una intención de perseguir a quienes hoy se ubican en la oposición.
La parlamentaria rechazó cualquier posibilidad de suspensión de su diputación y aseguró que sus decisiones estuvieron apegadas al rigor constitucional. Según su planteamiento, las acusaciones forman parte de una estrategia de presión institucional contra determinados actores políticos.
Sin embargo, la diputada nacionalista Merary Díaz respondió con una posición frontal: los citados deben comparecer, explicar sus actuaciones y asumir las consecuencias si la justicia determina responsabilidades.
Díaz negó que se trate de un espectáculo político o de persecución, al sostener que el proceso debe ser entendido como una demanda legítima de transparencia, especialmente cuando están en discusión decisiones vinculadas al funcionamiento del Congreso Nacional.
La nacionalista afirmó que los diputados investigados tendrán que demostrar si actuaron por voluntad propia o si fueron utilizados dentro de una estructura política más amplia. Su señalamiento elevó la presión sobre el Congreso y colocó el debate en una zona de alto impacto institucional.
El cruce de posiciones profundiza la tensión entre oficialismo, oposición y sistema de justicia. De un lado, se habla de instrumentalización institucional; del otro, de responsabilidad pública frente a posibles irregularidades que podrían haber afectado la confianza ciudadana.
La lectura política es inevitable: Honduras entra nuevamente en un terreno sensible donde cada palabra, citación y acusación puede convertirse en combustible para una crisis mayor. El país observa con atención si este proceso avanzará con pruebas, legalidad y equilibrio, o si terminará atrapado en el desgaste partidario.
La justicia tiene ahora la obligación de hablar con hechos. La clase política, por su parte, enfrenta una exigencia mayor: responderle al pueblo sin esconderse detrás del ruido, la polarización o los cálculos de poder. —Redacción Allan C.