Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El combate contra la delincuencia tomó un nuevo giro en Honduras, luego que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, asegurara que las reformas penales aprobadas abren paso a una coordinación más fuerte entre policías, militares e instituciones de justicia.
La declaración coloca la seguridad pública en el centro de la agenda nacional, en un momento en que la ciudadanía exige respuestas más firmes frente al avance de la criminalidad organizada, las maras, las pandillas y los delitos que golpean la vida cotidiana de miles de hondureños.
Zambrano defendió las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, afirmando que fueron aprobadas para darle al Estado herramientas legales que permitan actuar con mayor capacidad operativa y coordinación institucional.
El presidente del Legislativo señaló que la salida de policías y militares a las calles forma parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad, bajo una visión que, según dijo, no responde a intereses partidarios, sino a la necesidad de proteger a la población.
En su planteamiento, el país necesita pasar de respuestas aisladas a una estructura de combate más articulada, donde la Policía Nacional, la DPI, la ATIC, las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad trabajen con planificación común.
El punto más sensible de la propuesta es la participación militar. Zambrano explicó que las Fuerzas Armadas tienen límites constitucionales claros, pero pueden intervenir en casos de emergencia o mediante solicitud de la autoridad competente en materia de seguridad.
En ese contexto, el decreto aprobado por el Congreso busca dar respaldo legal al Ejecutivo para ordenar la institucionalidad frente a una problemática que sigue marcando la conversación pública: la inseguridad.
Otro eje de la nueva ruta será la Agencia Nacional contra el Crimen, que quedará bajo la órbita del Consejo Nacional de Seguridad. Este organismo deberá definir su reglamento, estructura y presupuesto para operar contra redes delictivas de alto impacto.
Zambrano también indicó que, si el plan requiere más recursos, la Secretaría de Finanzas deberá identificar las fuentes de financiamiento necesarias para sostener la ofensiva contra el crimen.
El presidente del Congreso fue enfático al negar que el Gobierno contemple construir una cárcel en Islas del Cisne. Aseguró que esa versión responde a una lectura política falsa y que el Ejecutivo ya analiza otros terrenos para nuevos proyectos penitenciarios.
El tema carcelario se vuelve clave dentro de la estrategia, porque el oficialismo legislativo sostiene que el combate en las calles debe caminar en paralelo con una política penitenciaria capaz de evitar hacinamiento, descontrol y expansión criminal desde los centros penales.
La frase de Zambrano —“vamos de frente contra la delincuencia”— resume el tono de una ofensiva que busca instalar una imagen de autoridad, control y decisión frente a uno de los problemas más sensibles del país.
Ahora el reto será que las reformas no se queden en discurso ni en titulares. Honduras necesita seguridad con resultados, coordinación con transparencia y una política criminal que proteja al ciudadano sin abrir espacios a abusos, improvisación o uso político de la fuerza pública.
La nueva ruta de seguridad queda bajo observación nacional: el país espera hechos, no solo anuncios; resultados, no solo decretos; protección real, no solo promesas de mano dura. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com