Tegucigalpa, Honduras.- Las nuevas disposiciones legales aprobadas en Honduras para enfrentar al crimen organizado están bajo observación de Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó revisar las modificaciones penales al considerar que podrían abrir espacio a abusos de autoridad, restricciones de libertades y detenciones sin suficientes garantías legales.
La advertencia fue planteada este jueves en relación con los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, cuyas disposiciones generan inquietud, especialmente aquellas vinculadas con el delito de asociación terrorista.
Aunque reconoció la gravedad de la violencia, la extorsión y otras manifestaciones delictivas que afectan al país, la organización recordó que combatir la criminalidad no debe significar reducir la protección de los derechos fundamentales.
Uno de los puntos más delicados identificados por el organismo es el posible uso de tatuajes, rasgos físicos u otras características personales como elementos para vincular a alguien con actividades criminales. A criterio de la oficina, estas prácticas podrían comprometer la presunción de inocencia y el principio de que cada persona debe responder individualmente por sus propios actos.
También manifestó preocupación por las facultades para ejecutar allanamientos sin una revisión judicial posterior, debido a que podrían facilitar intervenciones arbitrarias en los domicilios y debilitar los controles sobre las actuaciones policiales.
La OACNUDH agregó que el alcance de las medidas podría generar efectos especialmente perjudiciales para mujeres, menores de edad y personas involucradas en manifestaciones públicas o actividades de defensa de derechos humanos.
MÁS CONTROLES SOBRE LAS DETENCIONES Y LA ACTUACIÓN POLICIAL
Frente a este escenario, Naciones Unidas planteó varias acciones para reforzar la protección de los ciudadanos. Entre ellas destaca la creación de un registro público y centralizado de personas detenidas, que permita conocer su paradero y reducir el riesgo de desapariciones forzadas.
También solicitó que el Ministerio Público mantenga una supervisión efectiva de las investigaciones y que se fortalezcan los servicios de Defensa Pública, facilitando el acceso a representación legal y al recurso de hábeas corpus.
La institución considera igualmente necesario ampliar los recursos del CONADEH y el CONAPREV para que puedan vigilar el cumplimiento de las obligaciones estatales y prevenir posibles vulneraciones durante los procedimientos de seguridad.
A estas medidas se suma la necesidad de evaluar individualmente la situación de las personas privadas de libertad y establecer controles que permitan investigar y sancionar a los funcionarios de seguridad que cometan irregularidades.
La oficina internacional concluyó que la protección de la población frente al delito debe ir acompañada del respeto a sus derechos y libertades. Asimismo, reiteró su disposición de colaborar técnicamente con las autoridades hondureñas para promover políticas de seguridad compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Redacción Laura V